Monday 7 april 1 07 /04 /Abr 19:56

SABIOS.jpgLa sabiduría es como el arte; va más allá de la técnica y del conocimiento para trascender sobre el espíritu. La belleza empequeñece a “lo bonito”, al igual que  el arte lo hace con  el procedimiento. La propia sabiduría se eleva sobre  la experiencia de la que nace para alejarse de ella. Los sofistas no eran sabios porque su camino se detenía en la simple (o no tanto) retórica: “la verdad” no estaba a su alcance, solo la demagogia. No es igual hablar que pensar, como no es lo mismo pensar que saber que no sabes nada.

 

¿Quién es sabio hoy? Posiblemente a los sabios de hoy no los conozcamos, más que nada por aquello que nos recuerda una de esas frases en forma de  proverbio chino  que circulan por internet: “el hombre que sabe no habla, el hombre que habla no sabe”. Ciertamente hay dos formas de proyectar luz, la que se emite como fuente y la que se refleja como espejo. La sabiduría es la primera y el conocimiento o la experiencia es la segunda. Estamos más acostumbrados a ver la luz que se refleja en cristales de aumento que aquella otra, más tenue tal vez, que emiten los pocos que son capaces de hacerlo.

Como yo voy a lo mío, aprovecho esta aparente disgregación para recordar que durante estos días hemos conocido que un Comité de “sabios” (todos masculinos) ha propuesto a nuestro Gobierno, a petición de este, una serie de cambios en el sistema tributario. Una auténtica revolución, dicen los más optimistas, unos”arreglillos” dicen el resto, que son mayoría.

Curioso adjetivo el de sabios. No por dudar de su conocimiento sino de su sabiduría. Nunca se puede formar parte de un Comité con este adjetivo y que además pretenda llegar a buen puerto con la composición que  tenía este. No por lo que había sino por lo que faltaba. Por eso no sabemos quiénes son los que vieron en estas personas los rasgos de la sabiduría, y menos en un tema tan poco dado a llegar hasta tan excelsa posición sobre el espíritu como es el proceloso mundo de los impuestos, pero lo que está claro que es que  si no supieron encontrar ni a una sola “sabia”, o han buscado mal o no es esta materia para encontrar la Sabiduría. No puede  existir esta si no son capaces de encontrar a una sola mujer. La sabiduría masculina es menos sabiduría.

Posiblemente no nos encontramos ante sabios sino ante buenos profesionales elegidos como expertos conocedores de una materia ciertamente compleja y dada a interpretaciones ideológicas, que determinan que las soluciones sean igual de buenas que de malas, y siempre según la atalaya desde la que se observen.

El recurso a la sabiduría es la trampa que oculta la ideología. Los sabios no ven la verdad bajo el prisma de la ideología como ocurre, posiblemente, con alguna de las personas que nos ocupan. De forma legítima sin duda, pero lo que no puede admitir discusión es que las conclusiones de su largo y seguro que bienintencionado trabajo son las que son, pero podían haber sido otras completamente diferentes.

Me llama la atención el recurso al conocimiento técnico de profesores universitarios para revestir de la autoridad  que  siempre concede  el halo de lo absoluto e irrebatible que acompaña a la sabiduría cuando lo se quiere es realizar cambios de cierta entidad en materias sensibles como lo es el sistema tributario. Parece que les avergüenza afrontar la política tributaria que corresponde al partido del gobierno y por ello se lo encomiendan a los “sabios”, que no hacen más que trasladar la “única solución posible”, descubierta tras un proceso casi místico. “Yo no he sido, han sido ellos…los sabios” sentencian los políticos con cara de resignación. “Yo no quería hacerlo pero es de sabios hacer lo que nos dicen los ídem….”

¿Cómo es posible que con la evidencia del desastre tributario que tenemos en este país el Partido Popular no haya propuesto su propia reforma en el minuto uno de su Gobierno? Por vergüenza. Por vergüenza o por la desvergüenza de esperar al último año. Y aún así oculta en una reforma de sabios. Será porque de sabios es saber esperar.

Solo nos queda juzgar la sabiduría de los sabios y valorar si lo que tienen que pagar los menos sabios, que no tontos, también llamados contribuyentes, es más o menos que lo que pagaban antes de sus propuestas, ya que esto es, al fin y al cabo, lo que a todos nos importa. Lo curioso de este proceso es que ni los sabios lo saben. Oiga... ¿pero voy a pagar más o menos que antes?  Ah no sé, somos sabios pero no adivinos.

No saben por qué las clases bajas y medias de este país van a seguir pagando tanto o más que lo que más pagan en cualquier país de Europa, no saben si será necesario trasladar buena parte de los productos gravados con el tipo reducido de IVA al general (con lo que aumentarán la carga tributaria), no saben como hacen los que más tienen para no pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero como sí saben que no pagan lo que les debería corresponder, deciden que lo mejor es suprimir el Impuesto (han descubierto la piedra filosofal de la lucha contra el fraude tributario: suprimir los impuestos, casualmente se descubre para no pagar el de Patrimonio), no saben por qué el que gana 1.000.000 de euros en el sofá de su casa, tranquilamente esperando a que aumente la rentabilidad de sus inversiones mobiliarias, o especulando con las inmobiliarias, tiene que pagar menos impuestos que el que se levanta todas las mañanas a trabajar por 40.000 euros al año (en el mejor de los casos, claro) pero puesto que no lo saben deciden que aun así  el del sofá  tiene que pagar menos que antes,  no saben por qué no se les ha ocurrido desarrollar un Impuesto que grave y controle las transacciones financieras especulativas y los flujos con paraísos fiscales,  no saben qué es lo que hay que hacer para aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades a unos niveles homologables a lo que recauda proporcionalmente cualquier país serio, o simplemente a lo que recaudaba este mismo país no hace tantos años cuando el PIB no era inferior a lo que es hoy, no saben…..

A cambio, sí que saben que hay que devaluar fiscalmente el factor trabajo sobre el consumo y aprovechando la devaluación interna como elemento de éxito contar con una fiscalidad aliada estratégicamente como impulso a la creación de empleo. Que dicho en idioma que todos entendamos quiere decir algo así como bajar las cotizaciones sociales que pagan las empresas para abaratar la contratación de  trabajadores, aprovechando que con la reforma laboral tienen unos contratos infames y que por cuatro euros tienes a un tío/a trabajando para ti en régimen de semiesclavitud. A cambio del recorte de ingresos públicos del factor trabajo (las cotizaciones) a ese trabajador/a le hacemos pagar más IVA por su consumo, que será toda su renta, ya que al ser esta mínima se verá obligado a consumir todo lo que gana, aumentando de esta manera los ingresos públicos. Con eso matan dos pájaros de un tiro: dirán que desciende el índice de paro (no hay estudios de índices de explotación) y además aumentan los ingresos tributarios. Como en Dinamarca pero allí cobran los trabajadores una pasta.

La Sabiduría sigue unos complicados caminos que no siempre entendemos los ciudadanos de a pie, pero lo que al menos sabemos siempre nos sitúa en el mismo lugar. Un lugar donde inició su historia y que nos recuerda aquello tan manido de…sólo sé que no sé nada…pues eso… al fin y al cabo lo que sé es una gota en el mar de la ignorancia por lo que daría todo lo que sé a cambio de la mitad de lo que ignoro.

Por raulburillo.over-blog.es
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Sunday 9 march 7 09 /03 /Mar 19:50

ParlamentoEuropeo.jpg  

 

La estabilidad presupuestaria es un valor constitucional. No lo era hasta que como tal se impuso en la única reforma de nuestra Constitución producida en 2011 con el apoyo de PP y PSOE. La necesidad de pagar prioritariamente los intereses que genera la deuda pública también se convierte en un principio constitucional. Ambos se incluyeron en la misma reforma constitucional. La Constitución se aprobó tras un proceso de referéndum en 1978, por lo que los ciudadanos de aquel momento la aprobaron sin que estos artículos existieran. A nadie se le ocurrió en 2011 preguntar a los españoles que opinaban de esta reforma, de tal manera que estos principios no tienen el respaldo directo de ningún ciudadano de este país, aunque por eso no dejan de formar parte de nuestra Constitución.

En definitiva esta reforma viene a significar que la Constitución recoge el principio de prioridad financiera: con el dinero de nuestros impuestos antes se debe pagar a los bancos propietarios de nuestra deuda que a cualquier otro acreedor. Cualquier otro acreedor puede ser  usted mismo, y de hecho lo es, en forma de política social, educativa sanitaria….Hasta que no se pague la deuda no hay derechos sociales. Supongo que por no explicar algo tan sencillo de entender se evitaron el mal trago de convocar un referéndum consultivo y tener que engañar a nadie.

Tan poco conocida situación aporta otra interesante reflexión: mediante este mecanismo se produce un trasvase de las rentas de trabajo  a las del capital mediante el pago de impuestos. Como es más que conocido, en España sostienen el sistema tributario  las rentas del trabajo,  especialmente las de las clases medias. Estas rentas del trabajo se convierten en rentas del capital al servir como financiación para el pago presupuestario de la carga de la deuda, esto es, los intereses. Usted paga impuestos para que la prioridad número uno no sean sus servicios sociales sino el pago a los bancos. Puede tener su razón de ser pero si esto no se conoce alguien se ahorra su argumentación.

Pero todo tiene su explicación: imposición de la UE. No lo digo yo sino que lo veréis en la propia Exposición de motivos de la reforma que encontraréis a continuación. Sin más. Ya que es una imposición, debieron pensar, lo mejor es hacerlo rápido y que no se hable mucho de ello. Y así fue, visto y no visto. Tenemos la primera reforma constitucional desde 1978 y por ello y con mucho gusto os la copio de forma íntegra para que podáis sacar vuestras conclusiones:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos.

Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo.

En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados Miembros.

La actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

Artículo único 

El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.»

 

Supongo que podríamos hacer una extensa crítica de lo que una norma como esta supone y cuál es la razón por la que se hizo, pero posiblemente no os lo pueda explicar yo mejor de lo que ya se ha hecho, es por ello por lo que me limito a trasladaros el interesante artículo de José Moisés Martín publicado en

http://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/articulo-constitucion-excesiva-innecesaria-inconsistente_0_203680224.html

y que termina de la siguiente forma:

En conclusión: una reforma excesiva, precipitada, de dudosa consistencia económica, y con un fuerte significado político que limita en buena medida las posibilidades de construir una política económica diferente en un Estado descentralizado como España. Una reforma que no puede sino considerarse un grave error.

 

Pero estando así las cosas nos podemos plantear, ¿y qué pasa con los ingresos? La estabilidad presupuestaria y el déficit público estructural no solo se consiguen reduciendo gastos sino también aumentando ingresos. La primera de las posiciones obedece a criterios claramente ideológicos que consideran que los ingresos no deben aumentarse con el argumento de no hacerlo sobre las clases trabajadoras ya suficientemente explotadas. Cierto, pero existen otras vías para aumentar los ingresos de los que tan apenas se habla. Ya que la crisis ha supuesto una caída de los ingresos tributarios, de esa cifra, alegan, ya no nos movemos por lo que solo les queda lo que siempre han anhelado, y por fin se presenta la ocasión: reducir gastos, reducir Estado. Sustituir lo público por lo privado.


Estamos en un momento importante en el que se acercan las elecciones europeas. Es el lugar y el marco adecuado para conocer, además de cuáles son los políticos a jubilar por los grandes partidos, las alternativas y las soluciones que nos proponen las fuerzas políticas tradicionales.No podemos quedarnos indiferentes en los momentos claves de nuestro cambio político. Por mi parte voy a intentar aportar mi granito de arena en el diseño de lo que considero que son unas reformas necesarias para convertir la UE en un espacio de tributación justa y suficiente para que la estabilidad presupuestaria no tenga por qué ser lo que desde posiciones ideologizadas se han propuesto que sea.

Os propongo mis ideas al respecto. Espero que no os desagraden:

 

 

PRIMERA. PROPUESTA: POLÍTICA COMÚN DE HOMOGENEIZACIÓN DE PRESIÓN FISCAL EUROPEA.

 

La presión fiscal mide los ingresos tributarios obtenidos por cada uno de los países en relación a su Producto Interior Bruto. Hay notorias diferencias entre países respecto a la presión fiscal, que oscila desde menos del 30% en Letonia, Lituania, Irlanda, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria hasta más del 40% en los países nórdicos, Francia, Italia y Austria. España ocupa el puesto 21 con un 31,4%. Antes de la crisis la presión fiscal en España estaba cerca de la media europea, pero la mala racha de los últimos años la ha situado en este aspecto al nivel de otros países recientemente incorporados al proyecto europeo.

 

Esta medición es realizada por la Oficina Estadística de la UE llamada EUROSTAT:

Presión fiscal = Ingresos fiscales*/ PIB

(*) Incluye las cotizaciones a la SS y los impuestos indirectos

La presión fiscal se obtiene dividiendo la recaudación tributaria entre el PIB (Producto Interior Bruto), por lo que es un dato macroeconómico que depende sobre todo de la actividad económica del país, y no tanto de la bajada o subida de impuestos.

 

Estos datos deben servir para fijar la necesidad de establecer unos límites más estrechos entre la presión fiscal calculada en cada país y la obligación para cada uno de ellos de situarse entre esos niveles, que suponga, para países como España, la obligación de elevar sus ingresos tributarios. Por tanto se propone la fijación de unos límites de obligado cumplimiento que eviten políticas tributarias insuficientes como es el caso de España.


 

SEGUNDA. PROPUESTA: POLÍTICA DE LIMITACIÓN DE ESFUERZO FISCAL EUROPEO.


Una política activa que busque el incremento de la presión fiscal y de la mayor obtención de ingresos tributarios no debe de recaer en el esfuerzo individual de los ciudadanos y menos en aquellos con un menor nivel de renta. Por tanto se propone la articulación de un control europeo real que mida el esfuerzo fiscal efectivo que soporta cada ciudadano en función de su nivel de renta y que se limite el mismo en función de esta. Consiste en establecer una renta “libre de impuestos” que garantice la justicia individual y el alcance no confiscatorio de los impuestos cuando recaen repetidamente sobre determinadas rentas como las del trabajo.

 

En este sentido el esfuerzo fiscal es el porcentaje que suponen los impuestos que pagamos respecto a nuestro salario. Esta ratio, también llamado Índice de Frank, se obtiene dividiendo la presión fiscal entre el PIB per cápita. 

Esfuerzo fiscal = Presión fiscal/ Renta per cápita.

Esfuerzo fiscal es el indicador que mide el peso que representa los impuestos en la renta per cápita de los ciudadanos, es decir, qué porcentaje de lo que se gana va destinado al pago de tributos. Por tanto, afecta más de manera directa al bolsillo de los ciudadanos. Incluye todo tipo de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA, pasando por las cotizaciones a la Seguridad Social u otros impuestos directos.

 

Lamentablemente, según  estudios realizados al respecto el esfuerzo fiscal medio de España supera en un 20% al de la media europea.

http://www.libremercado.com/2013-01-15/el-esfuerzo-fiscal-en-espana-es-el-mas-alto-de-la-eurozona-1276479317/

 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/esfuerzo-fiscal-espana-mas-alto-eurozona_821993.html

http://www.elblogsalmon.com/economia-domestica/presion-fiscal-y-esfuerzo-fiscal-falsos-sobreentendidos

 

Supondría una auténtica novedad un concepto europeo de esfuerzo fiscal individual aplicado por niveles de renta y calculado para cada país que supusiera un  límite a las medidas de muchos países como España que centran sus políticas de consolidación fiscal fundamentalmente en las rentas del trabajo y en el consumo que son, básicamente, los que mayor incidencia tienen en el mencionado esfuerzo fiscal individual.

 

 

TERCERA. PROPUESTA: MARCO EUROPEO DE TRIBUTACIÓN JUSTA.

 

No existe un interés en la política común europea en establecer un diseño general de justicia tributaria en los sistemas tributarios de cada una de las naciones que componen la UE. Es esencial asegurar el diseño de unos sistemas tributarios que sigan Modelos de justicia e igualdad en la imposición y progresividad en su conjunto. Nuestra Constitución en su artículo 31 así lo establece pero con respecto a todo el sistema, por lo que se hace muy difícil valorar si nuestro sistema tributario en su conjunto sigue los dictados constitucionales. Lo mismo ocurre a nivel europeo donde no existe norma alguna que obligue a establecer sistemas tributarios justos.

Para considerarlos así debe  de asegurarse que la recaudación tributaria se consigue de forma proporcionada, acudiendo para ello a  todas las fuentes posibles donde se encuentran los hechos imponibles de mayor relevancia fiscal. Es en este caso sintomática la caída de aportación de figuras como el Impuesto de Sociedades que grava a las personas jurídicas y entre ellas a las grandes empresas. La caída que se ha producido en la recaudación del Impuesto de Sociedades en España ha supuesto que su aportación al conjunto del sistema sea de las más bajas de Europa en relación a su PIB y que el Gobierno no haya tomado medidas efectivas que hayan supuesto su recuperación. En este sentido la aportación del Impuesto de Sociedades en España ha bajado del 4,5 % del PIB al 1,5 %

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub48539_Nueva_etapa_n_26._Evolucion_del_sistema_tributario_en_Espana._Propuesta_en_materia_de_politica_fiscal.pdf

 

Se propone en consecuencia, el establecimiento de un ESTÁNDAR EUROPEO DE SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO, que supongan una referencia válida para cada uno de los Estados en cuanto a la aportación que debe suponer al conjunto del sistema  cada una de las figuras impositivas relevantes.

 

CUARTA. PROPUESTA: ARMONIZACIÓN FISCAL IMPUESTOS DIRECTOS.

 

La Unión Europea tiene pendiente una verdadera armonización fiscal de sus Impuestos directos, especialmente en el Impuesto sobre Sociedades y en todos aquellos Regímenes Especiales que pueden aplicar  las personas jurídicas. La competencia encubierta entre países que buscan la mejor tributación para atraer inversiones ha supuesto una  caída espectacular de la recaudación en todos los países de la UE y la aparición de instituciones y regímenes de tributación especiales como las SICAV o las ETEVE en España, similares a las también existentes en otros países. Resulta fundamental acabar con esta situación y regular unas bases imponibles comunes que aseguren unos ingresos sostenidos para todos los países, evitar competencias que rebajen los tipos efectivos, así como la aparición en las legislaciones internas de todo tipo de deducciones, bonificaciones y regímenes especiales. Por ello se proponeun Impuesto de Sociedades armonizado que suponga la regulación de una base imponible común, un tipo efectivo mínimo común y la aprobación de deducciones y bonificaciones mínimas, que deben ser comunes y que sirvan a una política económica europea de interés compartido.

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/07/actualidad/1323248968_281748.html

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/fi0007_es.htm

http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2011/11/27-R-149M310.pdf

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/index_es.htm

 

La simple armonización que buscaba evitar las distorsiones en los mercados, como ha sido la realizada con los impuestos indirectos (IVA), debe dejar paso a una armonización fiscal pensada en la justicia del sistema en su conjunto y en evitar situaciones de ventaja de unos países sobre otros, que termina obligando a los menos fuertes a rebajar sus ingresos para evitar que sus empresas acudan a otros estados con normativas de ventaja.

Por otro lado se buscará la realidad de la tributación en una clara demagogia política que anuncia tipos altos con los que “engañar” a su electorado pero ocultando tipos efectivos que rozan la ausencia de tributación al ser en algunos casos prácticamente inexistentes.

 

 Se impulsarán nuevas figuras impositivas como el ITT (Impuesto de Transacciones Financieras) congelado sine die.

 

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/mi0087_es.htm

 

 

QUINTA. PROPUESTA: ESTÁNDAR EUROPEO DE CONTROL TRIBUTARIO

 

Una normativa común y un sistema integrado de imposición indirecta necesitan un control común. De existir una falta de rigor en el control del fraude por parte de algún país miembro ello será aprovechado por los defraudadores para saquear las arcas públicas de todos y cada uno de los países, ya que la normativa de IVA contempla peculiaridades como el control cruzado de la información. Por ello, y por la necesidad de luchar de forma armonizada contra el fraude fiscal y la economía sumergida, origen de la ausencia de ingresos, se propone un estándar europeo de Administración Tributaria que no deje al capricho político del país que así lo considere disponer de controles mínimos o de administraciones tributarias mal dotadas o carentes de los recursos suficientes.


Diferentes estudios como los de la OCDE en 2008 han puesto de manifiesto las importantes diferencias entre estas administraciones y la necesidad de disponer de un modelo de exigencia común en función de los contribuyentes a controlar y el tipo de controles basados en criterios compartidos de riesgo.

http://www.oecd.org/ctp/administration/46668703.pdf

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/articulo_134_Ruibal.pdf

 

 

SEXTA. PROPUESTA: ESTIMACIÓN DEL FRAUDE FISCAL EUROPEO.

 

Lo que no se conoce no se puede combatir. Lo que se oculta se protege. Es necesario saber contra qué se lucha y cuál es la realidad de cada país. La inexistencia de oficialidad a los datos de fraude fiscal o de economía sumergida no busca más que esconder la realidad y la comparación entre los países miembros Se propone la realización de  estudios anuales que recojan el porcentaje sobre PIB que representa en cada país la economía sumergida y el fraude fiscal. Estos datos se considerarán oficiales y obligarán a los países a cumplir con su mejora. El reto debe ser reducir esos porcentajes que deben de conocerse.

 

Aunque en España no existen estudios oficiales sobre el fraude fiscal, sí existen informes y datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema, según se desprende de los datos proporcionados, en España la evasión fiscal puede suponer el 25% del PIB, en Grecia es el 50% del PIB, en Alemania el 12% del PIB. Es decir los datos que podrían afectar a España nos sitúan por encima del doble de la media europea.

 

Esta situación es corroborada con otros datos que son tremendamente indicativos, el primero hace referencia a la cantidad de dinero en metálico existente en España, que en principio supondría una cifra sobre el 10% del PIB, esta cifra se ve que es tremendamente elevada dado que el 5% corresponde a la zona euro y el 6% de EE UU. El segundo es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España estimándose que en la actualidad circulan en el país unos 111 millones de euros en billetes de 500 euros (¡!!!!!), y esta cifra se correspondería con un 30% del total emitido en la UE y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. Otro dato a tener en cuanta, es que la cifra de este tipo de billetes se ha multiplicado por ocho respecto a 2002, año de puesta en circulación del euro.

 

Por tanto las estimaciones que se estudian hacen referencia a la cifra de cuotas no ingresadas superan los 70.000 millones de euros cada año como mínimo, cantidades éstas, que deberían estar en las arcas del estado.

 

http://es.euronews.com/2013/12/29/indignacion-popular-en-hungria-por-la-connivencia-con-el-fraude-fiscal/

http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221

http://www.eoi.es/blogs/javierfanlo/2012/03/19/la-ineludible-necesidad-de-solucionar-el-fraude-fiscal-en-espana/

 

 

SÉPTIMA. PROPUESTA: PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y ELUSION FISCAL.

 

La existencia de regímenes fiscales favorables se ha consolidado en buena parte de los países de la UE convirtiendo a la mayoría de ellos  en auténticos paraísos fiscales encubiertos en el seno de la UE, ante el silencio cómplice de sus gobiernos. Esta situación no se puede permitir y debe de ser una de las prioridades de la política europea, que no puede permitir un recorte generalizado de derechos sociales mientras se consolidan en su seno situaciones de opacidad fiscal que benefician a todos los interesados en poner sus beneficios ocultos a salvo de tributación. Por ello se propone la  prohibición de los regímenes fiscales perjudiciales que entran en mutua competencia, haciendo bajar la tributación en todos los países de la UE. Las SICAV españolas son un ejemplo, o la existencia de las sociedades BV holandesas o el largo listado de posibilidades que alberga cada uno de los países. Se debe de realizar una política contundente que acabe con la complicidad y la falta de conocimiento de los ciudadanos de esta realidad colaboradora y artífice de la elusión fiscal y el aprovechamiento de estas figuras en la planificación fiscal europea.

 

http://www.gurusblog.com/archives/como-google-evita-pagar-impuestos-sirveme-un-doble-irlandes-y-un-sandwich-holandes/05/05/2013/

http://www.economiaactiva.es/mod/forum/discuss.php?d=49

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/10_2010/11.pdf

http://aselsa.es/dinamarca-fiscalidad-sociedades.html

http://cincodias.com/cincodias/2013/12/06/economia/1386357991_537248.html

http://creaciondesociedades.com/index.php/madeira

http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/2013/07/letonia-nuevo-paraiso-fiscal-en-el.html

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31062_es.htm

 

 

OCTAVA. PARAÍSOS FISCALES EUROPEOS.

 

El hecho de que sigan existiendo ámbitos geográficos considerados como territorios de nula tributación o Paraísos Fiscales que formen parte de la UE, aun cuando estos territorios se consideren ajenos a la Unión, no puede ocultar la doble moral europea. Acabar con cualquier intento de oposición a reformas en profundidad de la fiscalidad del ahorro y contra la evasión de capitales no puede depender de argumentos como el mal llamado “secreto bancario” o la voluntad de países como Luxemburgo o Austria. El secreto bancario no puede imponerse al derecho de los ciudadanos a no ser defraudados por su propio sistema tributario. Se propone la defensa de una política activa que luche contra la existencia de estos territorios y la puesta en marcha de todo tipo de medidas internas que penalicen la creación de sociedades nacionales participadas o financiadas  desde este tipo de territorios así como cualquier inversión económica con este origen.

http://www.publico.es/internacional/455804/dos-tercios-del-dinero-oculto-en-paraisos-fiscales-se-esconden-en-la-ue

http://www.lne.es/economia/2013/06/11/paraisos-fiscales-ue/1425906.html

http://revistas.usc.es/boletincede/EditorialMarzo2013_Fiscalidad.pdf

http://www.eii.uva.es/mitos/mitos/M11.pdf

 

 

NOVENA. PROPUESTA: PLAN EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.


Resulta evidente la concreción de un plan concertado de lucha contra el fraude y un código ético de comportamiento fiscal compartido por todos los países miembros. Deben de adoptarse todas las medidas que favorezcan la lucha contra el fraude y acabar con todos los elementos que lo hagan posible. En este sentido se propone acabar con la circulación de los billetes de 500 y 200 euros, así como el control de las transacciones financieras y el pago en efectivo por encima de unos límites. Propongo la elaboración de un Plan Europeo de Lucha contra el Fraude y la Economía sumergida. En él colaborarán las administraciones antifraude fiscales y laborales de acuerdo con unos planes anuales compartidos y unos resultados que deben de fiscalizarse.

 

DÉCIMA. PROPUESTA: CONCIENCIA FISCAL EUROPEA.


 

Se impulsarán todas las acciones que contribuyan a consolidar una ética cívica y un código de conducta compartido por parte de los gobiernos, que consoliden una conciencia fiscal  firme de los ciudadanos. Se prohibirá por parte de la UE cualquier medida legislativa o gubernamental que incentive, estimule o premie el fraude o el incumplimiento tributario. En este sentido se prohibirán las medidas de amnistía fiscal aunque se denominen eufemísticamente “regularizaciones fiscales”. No volverá a permitirse que existan normas de este tipo en el seno de la UE.

 

http://www.gurusblog.com/archives/italia-la-aministia-fiscal-repatria-95-mil-millones-de-euros/29/12/2009/

http://www.amnistiafiscal.es/amnistia-fiscal-en%20-el-resto-del-mundo.asp

http://cincodias.com/cincodias/2012/04/11/economia/1334256947_850215.html

 

Por raulburillo.over-blog.es
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Tuesday 18 february 2 18 /02 /Feb 18:25

protagoras.jpgEn el Protágoras de Platón, Sócrates expresaba su sorpresa de que la Asamblea de la ciudad ateniense se comportara de forma diferente cuando se trataba de discutir de problemas técnicos, como la construcción de edificios o barcos, que cuando se discutía del gobierno de la ciudad. En el primer caso, la Asamblea convocaba a arquitectos e ingenieros, y si alguien que no era considerado experto presumía de ofrecer su opinión  la masa se mofaba de él y lo abucheaba. Sin embargo, cuando se trataba de discutir sobre grandes cuestiones generales, como la política o la justicia ,“el hemiciclo era tomado indistintamente por herreros, zapateros y marineros, ricos y pobres y nadie pensaba en reprenderles, como hubiera sido antes el caso, por intentar dar consejos sin haberse formado en sitio o con maestro alguno”.

 

Ante la paradoja de que cualquiera pudiera opinar sobre temas tan importantes como la Política o la Justicia, Protágoras recurre a un mito para explicar la práctica ateniense: “Zeus dotó de la virtud de la política y de la justicia a todos los hombres, ya que, si lo hubiera reservado para algunos, como es el caso de las habilidades técnicas, las ciudades no hubieran podido sobrevivir” Este mito constituye una defensa del principio de “isegoria”: en lo concerniente al gobierno o a la justicia ,cualquier ciudadano, no importa quién, está suficientemente cualificado para que su opinión merezca ser escuchada.

 

Nos encontramos ante la justificación mítica del principio de la participación democrática en el gobierno o de la necesidad de que la justicia sea comprendida por los ciudadanos. Mucho ha llovido desde entonces y pocos llegan a comprender en qué consiste hoy nuestra participación en el poder político y cuáles son las claves para entender los procedimientos que hacen posible la Justicia, pero algo pervive de todo aquello: no opinaremos de cómo se construye un puente pero seguiremos opinando de  que la justicia, por ejemplo, debe ser igual para todos. No renunciamos a la virtud de la que Zeus nos dotó.

 

Hay algo dentro de nosotros que a menudo nos recuerda que esa Justicia mítica no es “justa” para todos. No entendemos por qué exactamente, pero algo nos dice que aquellos que entran en los juzgados sonrientes y saludando parecen tener algún tipo de ventaja que los demás no tienen. Y no hay más que leer las noticias: jueces apartados de sus responsabilidades cuando conocen determinados asuntos -y no antes-, instrucciones procesales eternas, presiones camufladas, cambios de criterios que se estrenan para la ocasión, presidentes del gobierno que están seguros de inocencias sin haber leído la causas….pero, a pesar de ello, no nos engañan, sabemos que hay algo que no cuadra.

 

Así ocurre con el asunto estrella de estos días. Una de las hijas del Jefe del Estado de un país democrático tiene que acudir a declarar por su presunta participación en unos hechos también presuntamente delictivos. Si fuera la hija del Presidente de la República Alemana no nos parecería tan grave. Que Alemania quisiera implicar a todo el Estado en su defensa nos parecería indigno de una nación democrática. Que en España un juez absolutamente honrado, a punto de jubilarse, y con todos esos años de experiencia ganada con culpables e inocentes de todo tipo y calaña, considere que esta señora tiene que declarar y dar las explicaciones correspondientes, parece no ser suficiente, cuando siempre lo hubiera sido sin tenerlo que fundamentar en dos ocasiones y con mas de 200 folios de sesudos argumentos.

 

Complejos delitos fiscales son analizados por los medios de comunicación, juicios paralelos que defienden o atacan inocencias y culpabilidades presuntas, fiscales acusadores que no siempre lo hacen a  pesar de que llevan años haciéndolo mejor que nadie, inspectores de hacienda que levantan velos de opacidades o de sospechas. Nadie entiende nada porque los que opinan son todos menos quienes deberían hacerlo.

 

Pero afortunadamente, la honradez puede más que intereses mal entendidos. La hija del Jefe de Estado fue a declarar más o menos como cualquiera en su situación. Con los mejores abogados, con los mejores fiscales y abogados del Estado. Todo parece estar a su favor pero acude a declarar.

 

Nuestro entendimiento de la Justicia sigue vivo; seguimos considerando vigentes principios básicos: los inocentes nada tienen que ocultar cuando les preguntan, si acuden a un juzgado preparados por excelentes abogados tienen la obligación moral de hacer lo posible para recordar todos los hechos que les pregunten, responderán igualmente a cualquier abogado que les pregunten, lo harán sin titubear y  con la seguridad que siempre otorga la verdad al inocente. La colaboración con la justicia no admite olvidos más que como excepción. El poder del silencio no puede imponerse al valor de la palabra

 

Parece que nada de esto ocurrió. Sabemos que los imputados están en su derecho a no responder y no por ello serán considerados culpables ni menoscaba su presunción de inocencia. Estamos de acuerdo. No obstante, ahora sí entendemos que merecía la pena el esfuerzo de un juez valiente para seguir recordándonos que el concepto de justicia lo depositó Zeus en cada persona y no lo hemos perdido gracias a servidores públicos como él.

 

Por raulburillo.over-blog.es
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Friday 7 february 5 07 /02 /Feb 22:15

huelga.jpgSi no os molesta, y ya que habéis llegado hasta aquí, os propongo unos minutos  compartidos de reflexión. Esta época de crisis económica –acompañada sin duda de un derrumbe de los valores éticos- es un buen momento para plantearnos algunas cuestiones que tienen que ver con problemas mucho más cercanos a nuestros intereses reales que lo que aparentemente podíamos imaginar.

 

Comparemos. Comparémonos nosotros mismos. Si nos tenéis inconveniente os agradecería que compararais vuestra actividad vital habitual, vuestro carácter personal en su vertiente familiar, vecinal y hasta profesional con la que podemos considerar su equivalente en forma de faceta política. Algo así como el “yo” personal frente al “yo” político.

 

Pensemos conjuntamente en nuestra forma de ser y de actuar en el ámbito personal y privado; en aquello que nos parece adecuado en nuestra vida común. En  lo que somos capaces de transigir y en lo que no, en lo que nos enfada y nunca permitimos. Ahora comparémoslo con nuestras actitudes cuando nos dan la oportunidad de manifestarnos en acciones que conllevan consecuencias políticas: hablando claro, nuestro interés por la política. Posiblemente, si lo analizáramos con detenimiento, dudaríamos de encontrarnos ante la misma persona y  de cómo podemos y con qué facilidad hacemos dejación de nuestro propio “yo” en semejante medida. ¿Somos la misma persona que se rige por  criterios comunes?

 

Posiblemente no tengamos problemas en reconocer que nos resulta indiferente quien nos gobierne y por tanto quien vaya a determinar el tipo de educación que reciban nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores o la sanidad de todos nosotros. Sin embargo, y curiosamente, somos muchos más activos y beligerantes en nuestro batallar diario vital, donde nada nos resulta ajeno; sobre pocas cosas dejamos de manifestar nuestra opinión: que el compañero de oficina nos diga lo que tenemos que hacer en el trabajo nos encrespa, que el jefe no nos pida opinión en la tarea que nos encarga supone una humillación que no podemos consentir; al igual que la subida del precio del autobús o que mi hermana haga lo que le da la gana en la invitación familiar de navidad. Nuestra intransigencia sube de intensidad.

 

Parece que lo importante no lo es y lo cotidiano sí. ¿Consentiríamos que no nos preguntaran en nuestro trabajo sobre cualquier tema en el que tengamos opinión? Posiblemente no. ¿Seguiríamos acudiendo al mismo médico que no es capaz de mejorar nuestra salud o al abogado que nos esquilma el dinero sin que haya solucionado nuestro pleito? Posiblemente no. Entones, ¿por qué seguimos confiando en los mismos partidos políticos ue nos siguen defraudando? ¿Por qué en nuestra vida particular somos personas exigentes, responsables y atentas a lo que consideramos menosprecio a nuestra valía y en esta vertiente “política” no lo somos, o al menos  no en la misma medida?

 

Posiblemente la explicación es fácil, aunque suponga un nuevo descrédito en la imagen que tenemos de nosotros mismos y a la relación que nos une con el ámbito político: no nos sentimos importantes; consideramos que nuestra opinión no es relevante y que, digamos lo que digamos, la vida políti

ca continuará su camino independientemente de lo que nosotros hagamos o pensemos.

 

Si esto es así, ¿qué es la democracia? ¿Merece la pena que nos pregunten cuando ni nosotros mismos valoramos nuestra respuesta? ¿Tal vez nos preguntan poco y por eso no le damos importancia a nuestra opinión? ¿Nos preguntan mucho y  nos aburre? Claramente somos prescindibles y así lo sentimos. No importamos a nadie y si esto es así, ellos tampoco nos importan.La falta de una  cultura participativa en las decisiones que nos afectan posiblemente sea la responsable. Y de ello quiero escribir con varios ejemplos del aprovechamiento del sistema político español al desinterés de sus ciudadanos.

 

Nuestro país presenta uno de los índices más bajos de transparencia política, solo comparable con Estados que no tienen nada que ver con lo que suponemos que debe ser nuestra cultura democrática. Ello quiere decir que durante treinta años no hemos mostrado el mínimo interés en que nuestros gobernantes hagan pública la información que nos afecta: en pedir acceso a los expedientes, contratos, subvenciones y cualquier otra forma de gasto público. La transparencia política obedece a un principio claro: el gobierno se ejerce por y para los ciudadanos y estos tienen derecho a la información de su ejercicio. La transparencia no solo es información sino un instrumento de rendición de cuentas y de legitimación  del buen hacer administrativo. Pues bien, insisto con ello, nuestra posición comparativa en el ranking internacional nos sitúa en los últimos lugares de la clasificación en función del grado de acceso de los ciudadanos a la información.

 

No debemos extrañarnos del auge y extensión de la corrupción. España es un país en el que no se corresponde el deterioro de los valores morales de sus ciudadanos con el declive ético de parte de sus gobernantes. Ello tiene su explicación en la ausencia total de controles efectivos que luchen y eviten su desarrollo y en la falta de transparencia política. El problema de España no es la corrupción, esta es una mera consecuencia de la impunidad de la que han disfrutado. Ese sí es el problema. La impunidad es el doble efecto de falta de control y ausencia de información. Esta ausencia ha sido consentida y favorecida por los partidos políticos que nos han gobernado. Si habéis leído la existencia de una nueva Ley de Transparencia y de Buen Gobierno que impulsa la transparencia o el buen gobierno, como su nombre parece indicar, os anticipo que no va a cumplir con esta finalidad más que en el título.

 

Pero en España no solo andamos escasos de transparencia y de información sobre las decisiones que nos afectan. Nuestro país también es uno de los referentes en ausencia de participación directa de los ciudadanos en las decisiones que nos afectan. No solo no tenemos información sino que no participamos en el proceso de elaboración de las leyes o decisiones normativas. Tres son los ejemplos más claros:

 

Primero: no existe ningún procedimiento establecido para que los ciudadanos hagan sugerencias, aportaciones o  valoraciones de las normas legislativas. No existen como instrumento legal participativo ni como iniciativa de los partidos políticos. Los partidos en el gobierno se convirtieron en un cauce de expresión del poder no de participación ciudadana.

 

Segundo: el referéndum consultivo o vinculante prácticamente no existe. La decisión de los ciudadanos no interesa. ¿Sería extraño que  nos preguntaran  por las modificaciones en la Ley del aborto o sobre el modelo sanitario?  ¿No sería necesario utilizar esta herramienta cuando un partido quiera implantar una medida contraria a lo anunciado en su programa electoral? De existir una norma en este sentido hubiera supuesto que solo se podría haber aumentado  impuestos  como el IVA o el IRPF mediante referéndum, después de que el partido en el poder se comprometiera en su programa en no hacerlo.

 

Tercero: Las iniciativas legislativas ciudadanas no existen tan apenas en España. Este procedimiento debería ser uno más junto a los proyectos o las proposiciones legislativas, propias de los diputados controlados por los partidos, para hacer llegar al Parlamento todas las propuestas o iniciativas que colectivos de ciudadanos consideren necesarias y que no alcanzan su expresión normativa. Habilitar que ciudadanos organizados puedan plantear normas que se discutan en el Parlamento sería una expresión de auténtica democracia que no debe pasar exclusivamente por los intereses de los partidos políticos.

 

España, país racial de temperamento y carácter, demuestra una absoluta dejadez y abandono en el compromiso con su gobierno. Abandonó cualquier decisión al respecto en manos de partidos políticos que no siempre han hecho un uso correcto de ella, priorizando sus intereses, que no son otros que el sometimiento a las elites que los apoyan.

 

Toca por tanto recuperar el control del Gobierno por los ciudadanos e instrumentar mecanismos de participación que completen y controlen la actual partitocracia como sistema de poder. No se trata de elegir a los que nos gobiernen sino de formar parte del gobierno. Eso es la democracia, lo contrario es un sistema de elección de elites burocratizadas. El podemos se queda atrás; es un imperativo categórico de la razón pura que torna en obligación la mera potencialidad. No solo podemos sino que debemos cambiarlo. Esa es la diferenciar entre el poder y el deber. Deseo frente a acción. 

 

 

Por raulburillo.over-blog.es
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Wednesday 5 february 3 05 /02 /Feb 19:55

banderas.jpgNo me gustan los nacionalismos. Ninguno. Las banderas son todas iguales y los que las exhiben como arma arrojadiza contra su vecino aún se parecen más; posiblemente solo se diferencian en el color de la tela que les cuelga del mástil que abrazan. Si pudiéramos abrirlos como un coco y contemplar su mente, escuchar su forma de hablar, de relacionarse, de razonar, estoy seguro de que ambos serían prácticamente la misma persona; capaces de llegar a compartir todo menos el color de la dichosa bandera. Pero no ocurre así. Oficialmente se odian por un “sentimiento nacional”; en lo demás son iguales.

 

Todo tiene sus excepciones que, por serlo, siempre son pocas, pero en mi opinión, seguro que no compartida, la religión y la “patria” siempre han sido buenos argumentos para dividir a los menos afortunados de la sociedad. Así no piensan en lo importante. Así los importantes no piensan en ellos… y todos tan felices. Crear conflictos nacionales siempre ha sido un recurso muy socorrido para no reflexionar en lo que para mí es la clave de la filosofía política: la desigualdad social y la utilización del poder por unos pocos para su exclusivo beneficio.

 

Mientras hablemos de países y de fronteras no hablaremos de lo que ocurre dentro de ellos. Al fin y al cabo siempre nos convencerán de que es mejor ser controlados por la oligarquía escocesa o catalana que por la británica o española. Simplemente una lucha de oligarquías con los tontos en las calles. Lo complicado para ellos sería que nos planteáramos descubrirlos, limitar su poder, hacerlo desaparecer o al menos controlarlo. Pero no, eso es más complicado que lanzarte a la calle con una bandera y pensar que cuando por fin la patria sea liberada del yugo opresor  encontraremos trabajo o habrá justicia social. Así de fácil. ¿Solo se puede luchar por esa justicia social si las fronteras son como queremos o nos hablan de las fronteras precisamente para olvidarla?

 

En  resumidas cuentas….los pobres con banderas y los ricos con dinero. Os podéis imaginar quien controla a quien. Cuando ellos los han querido enviar al frente envueltos en uniformes lo han hecho sin pestañear. Murieron con las botas puestas y el himno en su entierro; los que volvieron se dieron cuenta de que los que mandaban antes lo seguían haciéndolo después, aunque sus “representantes” fueran otros. ¿Acaso las grandes corporaciones industriales alemanas que apoyaron el nazismo desaparecieron después de la Guerra Mundial? ¿Acaso desapareció su poder?

 

No hay manera de acabar con ello. Sin duda es fácil manipular con el discurso nacionalista y pocas ideas son tan sencillas de entender por quien quiere explicaciones que puedan asimilar con facilidad. Y ahí está el filón, seguir explotando la “vía nacional” hasta que nos estalle en la cara.

 

Toda esta introducción tiene que ver con mi repulsa a entrar en los debates nacionalistas antes de en aquellos otros que desarrollan lo que considero verdaderamente importante para resolver los problemas reales de los ciudadanos: la justicia social, la economía, el reparto de la riqueza, el bienestar compartido, el control del poder, la participación del ciudadanos en el gobierno, la impunidad de los gobernantes y la corrupción generalizada…

 

Resulta curioso que la mayoría de los partidos políticos insisten en sus debates “nacionales” y mucho de ellos deben su nacimiento y auge a sus posiciones defensoras de la “patria”. No tienes más que pensar en las nuevas “fuerzas emergentes” en nuestro panorama político y en qué basan esa emergencia. Posiblemente no hay nada que hacer, son todos iguales en el menosprecio a la inteligencia de sus futuros votantes.

 

Pero todo es contagioso. Tanto es así que hoy no me puedo sustraer a hacer un comentario sobre un tema desconocido para la mayoría de los ciudadanos de este país y que explica en buena parte las reivindicaciones económicas de Cataluña, formando parte del debate político actual. No me queda más remedio que pronunciarme.

 

Creo que Cataluña tiene razón. Cuando digo que Cataluña tiene razón lo hago extensivo a cualquier otra Comunidad Autónoma que quisiera alegar lo mismo que ella. Vaya por anticipado que considero que el debate nacionalista en Cataluña tiene como único fin un órdago económico al poder central solicitando una mayor financiación autonómica. Lo que piden es dinero y para ello utilizan los fáciles argumentos del manual de estilo nacionalista. Ahora bien, acusar a los nacionalistas catalanes de “peseteros” (desconozco si ahora se dice “eureros”) o  de insolidarios no sería justo ni mucho menos sin conocer cual es la situación de la financiación autonómica en nuestro país.

 

Os lo anticipo; solo si los vascos son insolidarios lo serán también los catalanes. Al fin y al cabo solo están pidiendo lo mismo que aquellos tienen, sin que nadie diga nada en contra y por si fuera poco bendecido por nuestra Constitución. La Carta Magna de 1978 contempla una financiación territorial exclusiva para vascos y navarros en base a unos “derechos históricos”, que deben ser verdaderamente extraordinarios por su persistencia en el tiempo, a pesar de lo que supone de evidente discriminación territorial ya que únicamente puede buscar su justificación en las andanzas reaccionarias de Zumalacárregui y los suyos.

 

España tiene un doble sistema de financiación autonómico; uno para vascos y navarros y otro diferente para el “resto”. El primero es muy favorable para esos territorios llamados forales o “históricos” (como si Castilla o Aragón no lo fueran) y se resume de esta forma: los impuestos que pagan estos ciudadanos son exclusivamente para ellos. Al cien por cien. Ello quiere decir que toda la recaudación de sus impuestos se destina a financiar exclusivamente sus gastos, sin que aporten ni un solo euro “solidario” con el resto de las comunidades españolas. Cierto que el llamado “cupo” puede suponer el pago de su aportación a lo que podríamos considerar gastos comunes (defensa, diplomacia…), pero mas cierto es que este cupo se suele convertir en una interesante arma política en manos del partido nacionalista de turno, que sirve para calcular su importe según los intereses del momento. La magia de nuestros pactos parlamentarios consigue que este cupo, de forma milagrosa, pueda convertirse en negativo, es decir, que sea el resto del país es el que termina pagando a los territorios forales. Por supuesto que estos “privilegios”, vetados a los demás, se acompañan del poder normativo y administración foral tributaria propia. Para que se entienda, los vizcaínos tienen su Ley de IRPF y  hacienda foral exclusivas.

 

El otro sistema, el común, el que se aplica al “resto” de España, es más sencillo en su explicación pero complejo en su cálculo. Se basa en la idea de que los impuestos que pagan la gran mayoría de los españoles, cada uno en su comunidad autónoma, van a una cesta común y desde  ella se distribuye según las necesidades de cada una. Su cálculo complejo raramente satisface a sus destinatarios, de lo que surgen las famosas balanzas fiscales.

 

Estas balanzas argumentan su nombre  en el cálculo de los impuestos que se pagan en cada territorio comparándolo con los ingresos que realmente reciben de la bolsa común. En función del plato de la balanza que se desnivele y del grado de inclinación del mismo las reivindicaciones políticas están servidas.

 

Y en esas estamos. Cataluña considera que aporta mucho a la bolsa común y que recibe poco a cambio. Si el sistema foral es bueno para vascos y navarros, alegan, también es bueno para ellos. Argumentarles en sentido contrario que la Constitución solo lo permite para esos territorios forales y hacerles comulgar con ruedas de molino es lo mismo. Y tienen razón. ¿La solidaridad solo se les exige a ellos?

 

No puedo entender los nacionalismos pero menos entiendo la demagogia. El sistema foral es bueno para todos o no lo es para ninguno. La cuestión reside en que de adoptar Cataluña o Madrid un sistema similar al foral nos podemos despedir de España. La solidaridad entre territorios desaparecerá como el propio Estado. Mantener el sistema solo para vascos y navarros es injustificable. ¿Conocías esta situación? clint

Por raulburillo.over-blog.es
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