Un buen amigo del trabajo me alertó de un negocio fabuloso que no debíamos dejar escapar. Parecía increíble pero pocos habían reparado en ello y antes de que algún listo se diera cuenta teníamos que acometer la inversión. Sin duda esta se multiplicaría por 15 o por 20 como mínimo.
La cosa consiste en comprar todo el terreno aragonés que podamos siempre que sea limítrofe a Cataluña. ¿Cuánto pude costar la hectárea de terreno en la zona turolense? ¿Y más al norte? Compararíamos precios y los más baratos serían nuestros. Nos haremos con toda la tierra que podamos pero el único requisito es que tiene que ser limítrofe a Cataluña. Tierra de frontera, vamos.
¿Y dónde está el negocio? Pues está claro; cuando Cataluña se separe de España todo ese terreno que habremos comprado a precio de secano se convertirá en litoral. El mediterráneo lo bañará. Nos habremos hecho con hectáreas y hectáreas de la nueva costa española. Lo venderemos a los constructores y nos forraremos. Cataluña será una isla más del mediterráneo y nosotros seguiremos siendo España, la del sol, el flamenco y los toros. Aragón, por fin, tendrá salida al mar.
Vaya tontería, pensaréis. La verdad es que es un "simpático" chiste que circula en forma de viñeta en la red y que me sirve para utilizar el mismo símil para escenificar, con la típica socarronería aragonesa, cuáles creo que son las posibilidades de que Cataluña se separe políticamente de España: las mismas de que Aragón tenga mar, ninguna.
EL CLUB DE LOS CUATRO.
Desde hace aproximadamente 20 años el sistema democrático español está lleno de trampas y de espacios para la representación, el teatro y sus bambalinas. La diferencia con tan nobles artes escénicas es que en nuestra política nacional el público, el ciudadano, no sabe que lo es; no sabe que es un espectador pasivo. No sabe que está ante una representación donde casi todo está pactado de antemano. El problema suele ser que en ocasiones algún actor “se le olvida” su papel, quiere poner “morcillas” o frases de su cosecha, trasladándonos un énfasis excesivo en su actuación.
La Constitución presentó un magnifico edificio que con el tiempo parece albergar el Club de la Comedia, donde cada actor se aprende su monólogo y lo intenta recitar con la desigual gracia que Dios le ha dado. En ocasiones parece, como ahora, que alguno se ha perdido y no conoce su papel, pero lo cierto es que los productores, los que ponen el dinero, saben muy bien que los actores son sus empleados y que pese a su excesivo afán de protagonismo todos cumplirán con su trabajo.
En nuestra política los dos grandes partidos nacionales y los dos nacionalistas -vascos y catalanes- son los protagonistas de la representación. Entre todos ellos querían abarcar todos los “papeles” de la pluralidad nacional: los de derechas, los de izquierdas, los catalanes y los vascos. Los comunistas no estuvieron listos, y aunque en un principio se contaba con ellos, eso sí, de actores secundarios, la falta de conocimiento de lo que iba a suponer de la ley electoral española los dejó de meros comparsas.
A partir de ahí todo lo que ocurre en la política patria es un juego con las cartas marcadas por parte de las cuatro formaciones ventajistas, que han convertido nuestro sistema democrático en un complejo entramado de normas escritas y prácticas de comportamiento que rigen su funcionamiento, de tal forma que todas ellas beneficien a sus formaciones antes que a la limpieza del sistema. Por ello, y sin duda, ninguna de las cuatro va a salirse del guión mientras permanezcan en el “Club de la Comedia”.
LOS DOS PROTAGONISTAS.
Muchos serían los ejemplos de lo que digo.
Los dos grandes partidos nacionales controlan todo lo que ocurre en este país y nadie que ostente alguna responsabilidad puede presumir de estar fuera de su alcance. Sin perjuicio de que cuando gobierne uno u otro sean "sus" personas de confianza las que están a disposición de los antojos del partido, el sistema está concebido para el estricto control de los dos grandes.
Controlan el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que, por cierto, bloquean cuando lo consideran, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Fiscal General del Estado, a todas las administraciones públicas, cambiando frecuentemente a los funcionarios que las dirigen para recordarles a quien les deben el puesto y quien manda aquí, y en general a todos los órganos de fiscalización, sin que haya ningún contrapoder que matice el que se impone desde los partidos políticos, siempre eso sí, con el argumento de que el suyo es el auténtico poder democrático.
Las promesas electorales son parecidas en ambos partidos porque ninguna norma obliga a cumplirlas, el cumplimiento de las normas jurídicas y éticas sobre su financiación brillan por su ausencia. El acuerdo para frenar las investigaciones sobre corrupción política es una realidad que podremos ir comprobando en los próximos meses. Esta última era una guerra que a ninguno de los dos interesaba y abrir esta caja de los truenos fue una frivolidad del innombrable, al que su sustituto se encargó de poner en su sitio, asegurando a sus “rivales” (pero aliados en lo fundamental) mantener el status quo para que no volvería a ocurrir. Ni lo de Andalucía ni lo de Valencia llegará más lejos, tranquilos.
Se sustituyen unos a otros en el poder, en intervalos de ocho años de media, pero cuando lo ejercen lo hacen de forma absoluta. Esta concepción del absolutismo que brota de las sedes de los partidos y no del parlamento es el origen de muchos de nuestros problemas actuales y el desencanto de buena parte de la población activa, que cree en una democracia real y participativa no bloqueada por los dos partidos políticos mayoritarios.
La preocupación del ciudadano ha ido aumentando porque han hecho suyo,controlando y manipulando todo lo que forma parte habitual de su vida: Medios de Comunicación, Universidad, Cajas de Ahorros, Sindicatos, Asociaciones de Vecinos…..todo.
Las diferencias entre los dos partidos quedan por tanto reducidas a cuestiones de matiz y estas consisten sobre todo en dirimir cuáles van a ser los grupos de presión favorecidos en función de quien sea el que gobierne. El ejemplo en materia educativa es el más claro de todos. La importancia que en este país tiene la escuela privada religiosa y el “invento”, para favorecerla, de la escuela concertada hace imposible llegar a un modelo perdurable de sistema educativo. Los intereses empresariales impulsados desde la Iglesia hacen imposible el acuerdo.
EL PACTO CONSTITUCIONAL.
Pero dicho esto, de lo que no tiene que caber duda es de que el régimen actual tiene otros dos protagonistas más: Convergència i Uniò y el Partido Nacionalista Vasco. Estos dos partidos han obtenido toda la ventaja posible de su situación, y el origen privilegiado de su posición deriva del “pacto constitucional” oculto, por el cual estos partidos se erigirían en representantes de su nacionalismo, y a cambio de su lealtad al Estado y a su unidad, se convertirían en los protagonistas de su ámbito territorial, respetándolo siempre los partidos “nacionales”.
En su territorio les dejarían las manos libres para realizar su política nacionalista, siempre con el límite constitucional pero admitiendo interpretaciones lo más amplias posibles a su favor. Además, los dos partidos nacionales harían todo lo posible para que los nacionalistas contribuyeran al gobierno nacional como partidos bisagras. Así, por ejemplo, durante años decisiones sobre nombramientos en la administración central en Cataluña que correspondían a un Partido Popular con mayoría absoluta eran autorizados de forma habitual por Convergéncia i Uniò.
Buena parte de lo que ocurre en Cataluña y que parece disgustar tanto a los nacionalistas españoles en estos momentos, política educativa incluida, ha ocurrido con el beneplácito y la complicidad del Partido Popular y curiosamente nunca hasta ahora se le había ocurrido decir que había que “españolizar” a los catalanes en la escuela
El sistema electoral, una vez más, beneficia a estos partidos en sus ámbitos territoriales. Pero no es solo eso. Si en las elecciones al Parlamento español existiera la cláusula similar a la que se aplica entre otros países como Alemania, o en muchos de nuestros parlamentos autonómicos, los partidos políticos que no obtuvieran representación del 5% sobre el total del censo nacional -o si es menos como mínimo deben obtenerla en dos Comunidades diferentes - no obtendrían ningún escaño en el Congreso de los Diputados. Con ello se evita que pequeños partidos en relación al censo total jueguen un papel clave que no les corresponde por el número de votos obtenido, ejerciendo el rol de partido bisagra y obteniendo unos beneficios no legítimos.
En Alemania la representación territorial de sus estados federados o lander no se consigue en el Parlamento Federal sino en el Bundesrat, y por ello, por no tener representación de pequeños partidos regionales en aquel, no deja de ser un país plenamente democrático y por supuesto federal.
Lo contrario es lo que ha ocurrido en España. Partidos como Convergència i Uniò y Partido Nacionalista Vasco han ejercido un papel clave en nuestro Parlamento, otorgándoles nuestro sistema representativo un peso que no les correspondería en ningún caso en países con una mayor lógica parlamentaria. Pero si eso es así no lo es por desconocimiento. Forma parte del “pacto constitucional” que supone que estos dos partidos intervendrán de manera activa en la política nacional.
Con ello se querían anclar los intereses nacionalistas periféricos con el gobierno nacional, pero realmente se ha utilizado para conseguir mayores exigencias territoriales que han supuesto la perplejidad y hastío del resto de los ciudadanos que asistían atónitos a los mercadeos de votos parlamentarios a cambio de ventajas para unos y no para otros.
Aun hay mucho más. Estas dos Comunidades, junto con Galicia y Andalucía, han dispuesto de una peculiaridad, por llamarla de algún modo, que no ha sido suficientemente valorada. La posibilidad de convocar elecciones autonómicas de forma separada y en día diferente al resto de convocatorias electorales supone una ventaja para los partidos nacionalistas que es aceptada por el resto de partidos sin rechistar. De hecho en Andalucía, cuyo gobierno regional es controlado por un partido nacional, ha rechazado sistemáticamente esta posibilidad en beneficio de este partido y convoca sus elecciones haciéndolas coincidir con otros llamamientos.
El argumento general que se ha usado para otorgar este privilegio a unas pocas Comunidades y no a todas es que preservando su convocatoria independiente se valora por el electorado la importancia del discurso político “nacional” o autonómico.
Eso es una gran mentira que nos confirma Andalucía, que parece importarle bien poco la especificidad del discurso territorial. Os lo explico. En Cataluña lo que se pretende con las elecciones separadas de otras convocatorias es que acudan pocos ciudadanos a votar y que quien lo haga sean personas con una mayor tendencia nacionalista. En Andalucía al no aplicar su “privilegio” y convocar sus elecciones autonómicas junto a otras convocatorias, se busca precisamente lo contrario, que acuda un electorado general que suele votar a los dos partidos nacionales, en concreto al PSOE.
Cataluña tiene un índice de abstención muy elevado en las elecciones autonómicas. Más del 40 % del electorado no acude a votar en las elecciones al Parlamento catalán, lo que supone un incremento de la abstención de casi 15 puntos con respecto a las elecciones nacionales. Todos saben allí que los resultados suelen ser cambiantes porque el electorado varía su voto, de tal forma que si en las elecciones nacionales el mayoritario suele ser al Partido Socialista, en las elecciones autonómicas lo es Convergència i Unió, pero con la diferencia de que acude a votar 15 puntos porcentuales menos de electorado, lo que es una barbaridad. Estos que no acuden, casualmente, rechazan de forma expresa con su actitud abstencionista el nacionalismo catalán y suelen coincidir con un tipo de electorado que en las elecciones nacionales o municipales votan al PSOE y, como digo, en las autonómicas no acuden a votar ni a ese mismo partido, disconforme con su política nacionalista.
Por ello, y sin duda, si las elecciones autonómicas catalanas coincidieran con las nacionales o municipales la fuerza de los partidos nacionalistas y especialmente Convergéncia i Unió sería muy, muy inferior.
De todo ello llama la atención que sobre estos temas nadie diga nada y admitan sin rechistar la ventaja con la que cuenta este partido y la influencia que ejerce en la política nacional, que desaparecería y se reduciría de forma radical modificando la Ley electoral si los dos partidos nacionales lo hubieran querido. No me cabe duda de que ello obedece a lo que me empeño en llamar el pacto constitucional.
LA LEALTAD AL PACTO
De la misma forma, estoy absolutamente convencido de que Convergéncia i Uniò no dará ningún paso efectivo que haga posible cualquier proceso real que facilite la independencia de Cataluña. No lo hará por muchas razones:
La primera porque Convergencia en un partido constitucional y leal al pacto que ha hecho viable el régimen constitucional en España. Las ventajas que han recibido pesan y sin duda este partido no se saldrá de la senda de la legalidad. Una convocatoria de referéndum soberanista convocado unilateralmente por una Comunidad Autónoma es ilegal y por ello no se hará nunca. El pronunciamiento soberanista de su Parlamento no produce ningún efecto y además carecería de toda legitimidad, como ahora explicaré.
La segunda, porque Convergencia es plenamente consciente de que su fuerza e influencia en el electorado catalán es muy inferior a la que parecen demostrar los resultados de las elecciones. Si acudiera a votar el electorado real catalán sus resultados serían catastróficos. De ocultar esta evidencia se han encargado el resto de partidos, en una connivencia que solo puede tener explicación en el mantenimiento del status quo, que precisamente, y por ello, no será Convergència i Unió quien lo rompa.
La tercera causa es de aun mayor calado. La burguesía y grandes corporaciones catalanas no lo consentirán nunca ante las dudas que generaría el nuevo Estado. Sería un suicidio. Este partido, como actor de una parte de la realidad catalana tiene sus propios “patrocinadores” o “productores teatrales” -los que ponen el dinero-, como decía antes, que buscan lo mismo que lo que buscan los que ponen el dinero del PNV, que no es otra cosa que ventajas económicas e influencia política. Ventajas comparativas frente al empresario asturiano o balear, por ejemplo, y es por ello que lo que no van a consentir jamás es dirigir sus negocios desde un país que no perteneciera a la UE, por mucho que algunos defiendan lo contrario y que difícilmente pueden garantizar al no existir ningún precedente similar en Europa.
El nuevo país es inviable. Lo puede pedir una parte importante del electorado pero el problema es que el resto lo rechazará igual de activamente aunque de ellos ahora nadie hable. Visto desde una realidad española sin duda el número de adeptos al independentismo puede ser muy elevado, si se cuenta solo al electorado catalán, pero si se creara un nuevo Estado catalán el índice de rechazo del mismo sería como mínimo de la mitad de su electorado, lo cual lo hace imposible. Es prácticamente imposible gestionar un Estado en el que no cree la mitad de sus ciudadanos.
El nacionalismo catalán, como el vasco, se ha acostumbrado al discurso victimista como razón de ser de su propia existencia. En él se encuentra cómodo al residir allí el apoyo del electorado menos reflexivo y más “hooligan” (de ahí que los estadios de futbol sean los preferidos de todos los nacionalismos, español incluido) o provinciano. Pero todo cambiaría en una realidad nacional propia, en la que los que practiquen su mismo discurso sean otros, la oposición españolista, que, como bien conocen será tan importante que convertiría al país en ingobernable.
Un ejemplo puede ser la política lingüística. En el ámbito español actual todos los partidos políticos, incluido el PP, han aceptado que el idioma catalán tenga estatus de lengua minoritaria y por lo tanto han aceptado la discriminación positiva a su favor como lengua desfavorecida. Lo peculiar del asunto es que en el ámbito en el que se habla este idioma el catalán es la lengua mayoritaria. Aunque en el contexto nacional efectivamente sea inmensamente minoritaria, en Cataluña no lo es.Ello ha supuesto que los defensores del uso igualitario del castellano protesten por su discriminación y posiblemente con más de una razón.
Lo que saben perfectamente los partidarios de la independencia de Cataluña es que en un contexto nacional catalán la que pasaría a ser lengua minoritaria sería la castellana, por lo que debería ser tan protegida como lo ha sido el catalán en España. Un Estado que aspirara a formar parte de la UE, como lo sería Catalunya, no puede permitirse el lujo de tener más del 40 % de una minoría nacional distinta de la “suya” y no favorecerla, dándole el mismo trato que a la propia. Un ejemplo claro son las advertencias de la UE a Finlandia por el trato no igualitario que recibe la minoría rusa en su territorio, no semejante al propio idioma finés o al que recibe la minoría sueca. Complicada situación para un nuevo Estado con una política que tendería a ser ultranacionalista como acto de autoafirmación.
REFLEXION FINAL.
Por lo tanto y después de lo dicho solo nos queda asistir a una auténtica representación teatral en las que las declaraciones simbólicas de principios como el del “derecho a decidir” camuflarán la imposibilidad del proyecto secesionista herido de muerte desde el principio por la falta de legitimidad de quien parece auspiciarlo.
No obstante, el electorado españolista de fuera de Cataluña debería reflexionar sobre su auténtica ignorancia sobre la realidad política y cultural de Cataluña y saber que con sus posiciones ultramontanas, aprendidas en sus diarios de cabecera, colaboran más a la independencia de Cataluña que el más ferviente de los independentistas catalanes. No podemos rasgarnos las vestiduras por la ignorancia del New York Times sobre España y que buena parte de los que viven en este país piensen que quien habla catalán es por “fastidiar” o por ser un independentista.
El nacionalismo catalán además de enfrentarse con el desconocimiento de una realidad cultural propia y diferente, no comprendida por buena parte del resto del Estado, reivindica mejorar su financiación por un sistema igual al que sí se reconoce para el País Vasco y Navarra. La actual Constitución contempló un sistema de privilegios solo para estas dos Comunidades, lo que Cataluña aceptó a regañadientes, haciéndosele ver que el hecho de generalizar esos privilegios de vascos y navarros supondría la auténtica ruina económica para España. La promesa de compensación, con unos resultados económicos parecidos, nunca se ha cumplido y aquí tenéis el verdadero caballo de batalla en el que no le falta razón mientras existan los privilegios forales para Euskadi.
Este es ciertamente el motivo de fondo de la actual situación. La desastrosa gestión económica de las mayoría de Comunidades Autónomas ha afectado, como no, exactamente igual a la catalana, añadiéndole además el derroche propio de una política nacionalista, lo que le obliga a plantear con carácter de urgencia una nueva financiación a la que cree tener derecho. Para ello ha presentado su ultimátum independentista, consciente de que su fuerza reside ahora en el malestar de buena parte de sus votantes con la situación económica actual.
Solo esperamos que termine la representación teatral y se aborden los problemas reales que este país tiene pendientes de resolver desde hace tanto tiempo y nadie se atreve a solucionar, creando otros nuevos por su inacción. Esa frontera azul, marcada por los márgenes del agua, del inicio de la historia no debería abrirse más.
