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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 22:55

JUEZ Y PARTE

 Hablaba en mi último artículo del “poder dividido”. Con ello hacía referencia a la cada vez más clara intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, hasta tal punto de recordar al filósofo británico Locke.  Para él  no existía separación entre poderes judicial y ejecutivo: estábamos ante un solo poder con dos facetas diferentes en su ejercicio.

  

Durante el siglo XX el ejercicio democrático del poder se ha reinventado en un nuevo “formato”. Es tan nuevo y diferente a la idea clásica de democracia que podemos poner en duda si estamos verdaderamente ante un sistema real de participación activa y pasiva en el poder político por parte de los ciudadanos. Me refiero a la capacidad cierta, no solo de elegir a los que nos gobiernan, sino también a la de participar en el mismo gobierno. El nuevo “formato” o envoltorio democrático es la partitocracia, o lo que es lo mismo, el poder en manos de los partidos políticos. Para esta forma de poder, nada hay de democrático fuera de los partidos políticos: no existe representación popular sin partidos, no hay posibilidades de gobierno si no es mediante la participación en partidos políticos. Nada fuera del partido; el partido es la forma “natural” de participación democrática de los ciudadanos en el poder. Pero… ¿Quién controla a los partidos? ¿Quién elige a sus candidatos? ¿Quién los financia? Estas preguntas no creo que tengan una respuesta lo suficientemente clara más allá de lo que puedan disponer las normas legales que lo regulan en un ejercicio más de voluntarismo político alejado de la realidad.

  

El partido político que llega al poder – y también al que no le corresponde en ese momento- controla a sus afiliados, se encuentren estos donde se encuentren, ocupen el cargo que ocupen,  sean diputados, alcaldes, ministros o presidentes. La cuestión está en que la voluntad del partido político se impone o superpone a las divisiones tradicionales de poderes. Nadie duda  de que el poder legislativo y el ejecutivo responden de forma conjunta a la estrategia de poder del partido político. Las antiguas divisiones - poder legislativo y ejecutivo-  sirven principalmente como legitimación de continuidad; también lo son para articular formas de gobierno comprensibles a la luz de nuestra tradición democrática decimonónica pero en ningún caso porque sean útiles para los fines para las que fueron creadas. Una ley podría ser aprobada por un partido político con mayoría absoluta en su  propia sede, negociando allí mismo tanto con los "lobbys" de presión como con la oposición, si le interesara hacerlo, pero solo para aquellos temas que considere conveniente. El trámite “democrático” de acudir al Parlamento es tan innecesario como legitimador.

 

Pero no solo el poder legislativo es poder normativo, sino que también es poder de control y especialmente sobre el ejecutivo. Mociones de censura o cuestiones de confianza, reprobaciones o preguntas parlamentarias han dejado de tener sentido real más allá de los números de diputados que ocupan cada partido, solo alterado por las emociones que aportan los tránsfugas corruptos, que son precisamente la horma del zapato del sistema partitocrático.

 

Dicho esto, ¿tienen los partidos políticos interés en controlar decisiones concretas del poder judicial? Sin duda. Decisiones sobre normas administrativas, legales o constitucionales pueden tener una gran transcendencia en la agenda política: Juzgados de lo Contencioso, Tribunales Superiores o Constitucionales adoptan decisiones de gran calado político que pueden afectar a la permanencia en el poder de los partidos políticos responsables de las mismas. Si esto es tan claro que nadie lo puede dudar, como mínimo la misma importancia  tienen para un partido político las decisiones judiciales del ámbito penal sobre delitos relacionados con la corrupción política. Se pone en duda con estos delitos el compromiso público y democrático de aquellas personas “elegidas” por los ciudadanos para defender los intereses públicos, por lo que a la larga podría a llegar, en situaciones extremas, a deslegitimar el propio sistema democrático basado en partidos políticos.

 

¿Cómo pueden influir los partidos políticos en las decisiones judiciales concretas? Centrándome en los supuestos de decisiones judiciales basadas en la corrupción política las posibilidades están claramente basadas, en primer lugar, en la relación partido político-poder ejecutivo, y como consecuencia de lo anterior, en la tradicional intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, cuyos resortes de dominación siguen existiendo con la misma intensidad sino mayor.

 

Por supuesto no se basan en decisiones o ambiciones individuales de las personas concretas que en ese momento pueden ocupar el juzgado o Tribunal y que tiene que tomar decisiones en los temas que comentamos. No se basa en el deseo de agradar al poder político o bienen el  de obtener favores personales a cambio de decisiones favorables a intereses diferentes a los que debe proteger la norma. Todo lo contrario. Afortunadamente en su 99% nadie puede dudar de la profesionalidad e independencia de jueces y fiscales; por ello el sistema de “intromisión” debe basarse en fórmulas más claras de control que la simple voluntad de sus agentes.

 

No es difícil; un juez instruye en estos asuntos en función de lo que se investigue. Pero él, de forma natural, no es quien investiga. Investigan otros y en función de lo que estos otros investiguen habrá más o menos “independencia judicial”. Un juez instruye en buena medida en función de lo que le pongan encima de la mesa. Una vez que se lo hayan puesto, con su mayor o menor implicación persona, adoptará las decisiones más justas posibles. No lo debemos dudar. Pero si nadie investiga el asunto en cuestión…no hay instrucción posible.

  

¿Quién investiga entonces? No cabe duda de quién lo hace. Fiscales, policía y peritos o auxilio judicial se han convertido en los investigadores habituales en los casos de corrupción. ¿Tienen estas instancias posibilidad de ver alteradas sus investigaciones por decisiones políticas instrumentadas por el poder ejecutivo? Sin duda. No me cabe ni la más mínima duda que un partido político en el poder puede alterar las investigaciones judiciales actuando sobre los órganos administrativos o judiciales encargados del impulso de la investigación en función de sus intereses.

 

El especial estatuto de fiscales y policía judicial no puede ocultar el encuadramiento gubernamental de ambos. Ministerio de justicia , Fiscal general del Estado y Ministerio del Interior tienen mucho que ver con el éxito o fracaso de determinadas investigaciones. Ni que decir tiene que otros órganos también vinculados a las investigaciones y con cada vez mayor fuerza están en manos del poder gubernamental. Inspectores de Hacienda como peritos judiciales o auxilio judicial, por poner el ejemplo más claro, están sometidos a decisiones al margen de los interese concretos de la investigación: traslados forzosos, asignación de otras tareas administrativas y todo tipo de argumentos  que pueden servir de excusa para apartar a quien no interese de las investigaciones.

 

Si leeis la prensa de estos días esta es la guerra encubierta que se está librando. ¿Te habías percatado?

 

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Published by raulburillo.over-blog.es
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Comentarios

Radio Tv 12/19/2011 18:40

Muy buenooo!

raulburillo.over-blog.es 12/28/2011 18:21



Muchas gracias.



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