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19 mayo 2011 4 19 /05 /mayo /2011 12:59
Tema del que hablaremos largo y tendido. Me llama la atención que esta es una cuestión de la que había escrito en los artículos que hasta este momento había publicado. Sirva un recordatorio de fragmentos anteriores para introducir el tema del que iremos hablando:
1.¿Qué es Democracia Real?
2.¿Es real hablar de Democracia?
3.¿En qué se parece la Partitocracia a la Democracia?
4.¿Hacia donde vamos?
 
Sirven por tanto estos párrafos  de artículos anteriores para recordar algunas de las ideas relativas al tema que nos ocupará:
 
Poderes divididos.
  
La democracia directa que aseguraba la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos de las polis griegas, de las repúblicas italianas y de los condados británicos, tanto electores como elegidos (el sorteo de cargos públicos entre los más preparados formaba parte de la esencia de la democracia para los dos primeros), se ha transformado en otra cosa. Los partidos políticos y su irrupción a finales del siglo XIX en el escenario del gobierno democrático han variado las reglas del juego, no suprimiéndolas pero si reinterpretándolas.
Los partidos políticos son desde hace más de un siglo el canal –realmente el único efectivo- de participación de los ciudadanos en el sistema democrático. Esto es así para algunos; para otros es justamente lo contrario, es el muro de contención que evita la participación real de los ciudadanos en la política. El efecto que han tenido los partidos políticos en la división de poderes no debería dejar a nadie indiferente. Desde la dirección del partido que gobierna se decide la política ejecutiva, la política legislativa y los nombramientos en órganos jurisdiccionales. Desde la dirección de los partidos que no gobiernan se aspira a hacer lo mismo que el que gobierna.
Los mecanismos para “imponer” sus decisiones eran desconocidos hasta entonces: la disciplina de voto de los partidos anula la prohibición del mandato imperativo, la inexistencia real de consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las promesas electorales deja las manos libres a los partidos del compromiso con los electores, las listas cerradas, el desembarco de afiliados- sin más mérito conocido que la militancia- en las estructuras profesionales administrativas, superponiendo la de los partidos a las propias de las Administraciones, está acabando con el conocimiento técnico profesional y esto especialmente en los órganos de las Administraciones territoriales menores a la del Estado, donde los cuerpos profesionales aún resisten, actuando de contrapoder,…en definitiva mecanismos que aseguran que por encima de la división de poderes siempre se impondrá el criterio del partido.
JUEZ Y PARTE
 
Durante el siglo XX el ejercicio democrático del poder se ha reinventado en un nuevo “formato”. Es tan nuevo y diferente a la idea clásica de democracia que podemos poner en duda si estamos verdaderamente ante un sistema real de participación activa y pasiva en el poder político por parte de los ciudadanos. Me refiero a la capacidad cierta, no solo de elegir a los que nos gobiernan, sino también a la de participar en el mismo gobierno.
El nuevo “formato” o envoltorio democrático es la partitocracia, o lo que es lo mismo, el poder en manos de los partidos políticos. Para esta forma de poder, nada hay de democrático fuera de los partidos políticos: no existe representación popular sin partidos, no hay posibilidades de gobierno si no es mediante la participación en partidos políticos. Nada fuera del partido; el partido es la forma “natural” de participación democrática de los ciudadanos en el poder. Pero… ¿Quién controla a los partidos? ¿Quién elige a sus candidatos? ¿Quién los financia? Estas preguntas no creo que tengan una respuesta lo suficientemente clara más allá de lo que puedan disponer las normas legales que lo regulan en un ejercicio más de voluntarismo político alejado de la realidad.
El partido político que llega al poder – y también al que no le corresponde en ese momento- controla a sus afiliados, se encuentren estos donde se encuentren, ocupen el cargo que ocupen, sean diputados, alcaldes, ministros o presidentes. La cuestión es que la voluntad del partido político se impone o superpone a las divisiones tradicionales de poderes. Nadie duda de que el poder legislativo y el ejecutivo responden de forma conjunta a la estrategia de poder del partido político. Las antiguas divisiones - poder legislativo y ejecutivo- sirven principalmente como legitimación de continuidad; también lo son para articular formas de gobierno comprensibles a la luz de nuestra tradición democrática decimonónica pero en ningún caso porque sean útiles para los fines para las que fueron creadas. Una ley podría ser aprobada por un partido político con mayoría absoluta en su propia sede, negociando allí mismo tanto con los lobbys de presión como con la oposición, si le interesara hacerlo, aquellos temas que considere conveniente. El trámite “democrático” de acudir al Parlamento es tan innecesario como legitimador.
Pero no solo el poder legislativo es poder normativo es también poder de control sobre el ejecutivo. Mociones de censura o cuestiones de confianza, reprobaciones o preguntas parlamentarias han dejado de tener sentido real más allá de los números de diputados que ocupan cada partido, solo alterado por las emociones que aportan los tránsfugas corruptos, que son precisamente la horma del zapato del sistema partitocrático.

 

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