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3 agosto 2012 5 03 /08 /agosto /2012 00:54

Yo soy optimista y confío en ti, querido lector.


Creo sinceramente que en este país nuestro somos, de forma general, buenas personas. ¿Vosotros no? Me gusta pensar que la gente que me rodea tiene buenos principios y  que me ayudaría si lo necesitara; seguro que  se pararían a socorrerme en caso de accidente, me devolverían el móvil si lo perdiera... vamos, lo que se dice buenas personas.


¿Algunos de vosotros acaso no los sois? Seguro que la idea que tenéis de vosotros mismos coincide con la mía, pero no sé por qué tengo el presentimiento  de que también pensáis que hay mucha mala persona por ahí.


Vale lo admito; las hay. Pero ¿en qué porcentaje? ¿Hay muchos o pocos?


Tener principios bien asentados y códigos morales de comportamientos cívicos  desarrollados y fortalecidos diferencian a  una sociedad culta y evolucionada de la que no lo es. Digan lo que digan aquellos a los que hayáis podido leer, una sociedad que participa activamente en el quehacer público solo es posible si en ella existe un alto grado de desarrollo social y de valores compartidos. No hay código penal o normas jurídicas que puedan controlar a una sociedad de piratas y malhechores. Por eso la clave es saber en qué porcentaje de nuestra sociedad se ha instalado la falta de ética social. Una sociedad que se rige por principios de  comportamientos cívicos admitidos por todos como honestos, no necesitaría el mismo rigor en el control de sus ciudadanos que quien no los tiene.


Seguro que vuestra mente viaja a los educados países nórdicos, que por estos lares tanto nos gusta idealizar y considerarlos paradigma de la ética pública. Pues bien, si esa imagen os sirve, tengámosla de referencia. La pregunta es entonces, ¿en cuánto nos alejamos de ese ideal? Nuestra sociedad democrática, por llamarla de alguna manera, debe tener muy claro con quien se está jugando los cuartos de su credibilidad y regular los riesgos de poner al frente de sus instituciones a personas indignas.


Los griegos clásicos eran unos señores que lo tenían casi todo pensado en cuanto al gobierno de sus polis. Curiosamente hemos olvidado buena parte de sus enseñanzas “democráticas”. Para ellos la máxima expresión de la participación del ciudadano  en sus instituciones no era la representativa y electiva, es decir la actual, sino el sorteo. Sí, sí, el sorteo.


El sistema de elección de representantes lo relacionaban, sin saber muy bien por qué y llevados por su intuición, con la manipulación de las masas por las oligarquías. La verborrea de los más preparados arrastraba a los inconscientes. Mucho más democrática era la posibilidad real de participar en el gobierno de la polis por sorteo. Pero claro, y ahí quería llegar, solo participaban en el sorteo aquellos que,  en primer lugar,  se ofrecían a participar y pasaban después y a continuación una selección de idoneidad por algo así como lo que llamaríamos "el comité de sabios”, que demostraban la honorabilidad del candidato al sorteo.


Hoy en las democracias modernas no hay sorteo que valga, más allá del de  la navidad y por la participación de los niños de San Ildefonso, si me apuras. Hoy elegimos como representantes a los señores y señoras que aparecen en las papeletas de los partidos y  en nuestro país especialmente con los candidatos bien cerrados y sellados, que los que controlan no quieren sorpresas. Ni sabemos quiénes son ni por qué están allí. Ignoramos que mérito habrán realizado ni ante quien. Tampoco sabemos si había alguien mejor que ellos. Solo sabemos que debemos votar a “esos” o a los “otros”. Pues bien, así sea. Mejor que a nadie ya es. Pero claro no sabemos qué clase de personas son. Si tienen rígidos principios morales de conducta o justo lo contrario: Tampoco sabemos si en su partido existe un “comité de sabios” que avale su probada capacidad ética.


No obstante ...yo  sigo siendo optimista. Nuestros políticos son como nosotros. Sí hombre sí, como tú y como yo. ¿Por qué no? Supongo que si yo te digo que todavía son  mejores porque sirven de forma altruista a los intereses generales,  tú me puedes decir que ni locos porque conoces muchos casos de políticos que solo se sirven a ellos mismos. Dejémoslo en tablas. Nuestros políticos son como nosotros, el reflejo de nuestra sociedad.

 

¿Estamos de acuerdo? ...pero claro...¿y cómo somos nosotros?

 

Imagínate que estás solo en casa. No hay nadie. El vecino de arriba es un tío confiado y siempre deja la puerta de su vivienda abierta. Así como suena. Se ha ido a pasar el fin de semana fuera. En su casa no hay nadie que vigile. Tú sabes que él guarda mucho dinero arriba y sabes dónde está. Solo tienes que subir y cogerlo. Si lo haces es tuyo. No existe ningún riesgo. El vecino además es confiado porque cree que tú eres una buena persona y precisamente te voto a ti como Presidente de la Comunidad. Confía en ti. No tienes de que preocuparte. Solo tienes que cogerlo, hay que ser muy tonto para no hacerlo, cualquiera lo haría, seguro…. ¿Qué harías? ¿Caerás en la tentación?


No lo harías, seguro. Eres una buena persona. Pero si te dicen que es tanto dinero, que puede resolver tu vida ahora que te puedes ir al paro,  y que con una seguridad del 95% no te descubrirían… ¿Qué harías?


Tampoco, seguro. Tú no, pero ¿qué me dices de los demás? ¿Pondrías tu mano en el fuego por ellos?


Hagamos una cosa, confía en lo que te voy a decir;  solo lo haría un 1% de nuestros lectores. Si están aquí, leyendo esto como tú, es porque son gente de principios e inquieta por los temas sociales, como los políticos, y en su abrumadora mayoría son gente de principios. Pero claro, un 1% no es nada. Alguno puede tener un mal día y caer en la tentación, sobre todo si resuelve su vida.


Nuestros políticos son iguales que nosotros. Ni mejores ni peores. Por tanto imaginemos que solo un 1% de todos ellos caería en la tentación de dejarse arrastrar por esa misma tentación. ¡ Si solo lo hiciera  el 1% de nuestros políticos seguro que ello supondría que el resto son honrados en un 99%.

 

Pues bien, según los cálculos a los que he acudido, en España podemos estimar que 400.000 personas desempeñan ocupaciones que podemos considerar de designación política, teniendo en cuenta para ello todos los niveles de nuestra abigarrada estructura político administrativa. Verdaderamente impresionante. Pues bien, como no todos tienen responsabilidades en  asuntos económicos, sobre los que se pueda caer en la tentación, descartemos a su 50 % y ya solo nos quedarían 200.000. Como de estos últimos no todos tendrán responsabilidades económicas de importancia  relevante, descartemos de nuevo a otro 50% y nos quedaremos al final de esta selección con 100.000 políticos.


Yo confío en estos 100.000 políticos tanto como en la sociedad española. Ya es grave lo que digo porque nuestros políticos deberían de por sí ser lo mejor de la sociedad española. Pero partamos que están a la "media nacional de honorabilidad". De hecho creo que son fiel reflejo de la misma, en la medida que no han sido especialmente seleccionados por ningún “Comité de sabios”. Confiar en ellos supone que soy tan extremadamente generoso con la media nacional que la sitúo  en el 99%   de honorabilidad y desgraciadamente no lo hago en "solo" 1.000, el 1%.


Los números son tremendos cuando te pones a reflexionar sobre ellos. ¿Estamos preparados para luchar contra mil políticos corruptos?


Sin duda no, ni creo que interese por el descrédito y la desmoralización que supondría para una sociedad democrática saber que un número tan elevado de sus representantes se deben enfrentar al banquillo de los acusados, aunque solo sea el 1%.


La corrupción de los representantes elegidos por sistemas electivos supone el mayor descrédito posible del sistema democrático actual porque, entre otras cosas, pone de manifiesto la inidoneidad de aquellos a los que hemos elegido para gestionar los intereses comunes. Vamos, que te traicionan aquellos en los que confías. La desmoralización es total si los impuestos que pagas no cumplen otra finalidad que llenar los bolsillos de aquellos que los administran, aunque sea solo en su 1 %.


El asunto es grave. No es que se aprovechen de su lugar privilegiado para tomar decisiones por las que perciban retribuciones prohibidas de terceros, sino que llenan los bolsillos de estos a cuenta del presupuesto que pagamos todos. Estos terceros son los grandes beneficiados de la corrupción y de los que nadie habla. Son los jefes “ocultos” de los políticos corruptos y los artífices de que sus nombres estén en las listas de los partidos políticos, o de que sean ellos los que gestionen sus ámbitos de intereses.


Pero no es solo esto. Hay una variante más grave: el acceso fácil y cómodo a la caja, al dinero de todos. Una de las principales características de la corrupción en nuestro país es la facilidad de la que dispone el corrupto para hacerse con el botín. No me quiero extender en este tema pero las posibilidades que conceden las normas administrativas de contratación o las relativas a las subvenciones para disponer del dinero público al antojo del gestor son tan amplias, especialmente cuando se crean instituciones pseudoadministrativas como lo son los Institutos, las Fundaciones o las Sociedades Públicas, que su control debería ser exhaustivo.


Junto a la facilidad para “acceder a la caja”, la segunda característica del sistema que sostiene a la corrupción es la defensa a ultranza del corrupto. Los delitos económicos no son de esos en los que aparece un cuchillo clavado con sangre y el asunto consiste “solo” en saber quién es el asesino. Al contrario, de forma general aquí se niega la existencia del propio delito; no hay cadáver ni cuchillo. Por tanto no os digo más si de lo que hablamos es de delitos económicos relacionados con la corrupción. Ni hay cadáver ni se le espera.


El partido político del corrupto defenderá a ultranza al correligionario y acusará al “otro”, al partido en el poder, de manejar sus resortes para “politizar” la justicia, consciente de que el primero que lo hace es él. Así se mantendrá hasta el final, y cuando no le quede más remedio  abandonará al “compañero” a su suerte y presumirá de haber regenerado el partido.


Los medios de prensa escrita y audiovisual afines por ideología o por intereses económicos - es decir por subvenciones o contrataciones publicitarias-, lo más habitual en “provincias”, se encargarán de defender a su patrocinado. Dudarán de las investigaciones judiciales o policiales, desprestigiarán a los que las lleven a cabo y minimizarán en todo lo que puedan las informaciones sobre el caso.


Por tanto a la facilidad para llenarse el bolsillo y a la defensa  asegurada por parte de los “suyos”, solo le queda lo más importante: ausencia de control. Nadie vigila la caja.


Sin duda es lo más llamativo es que en un país democrático, o que dice serlo, no se hayan establecido mecanismos eficaces de control del gasto público que evite las tentaciones que vienen del piso de arriba. No me refiero a controles presupuestarios o contables, no os confundáis que no es lo mismo. Hablo de controles reales sobre las personas, sobre su enriquecimiento, sobre las decisiones que adoptan, sobre las instituciones que otorgan de forma mayoritaria subvenciones nominativas, sobre administraciones que contratan informes carentes de sentido, expedientes de contratación con ofertas fraudulentas para hacer creer que hay concurrencia…….una larga lista de indicios de corrupción tan claros que parece imposible que no se detecten.


Para ello, para ser verdaderamente eficaces, los controles y las instituciones que se encarguen de hacerlo posible deberían actuar en tres fases:


a)      Primer nivel. Actuaciones preventivas. En el mismo momento que se contrae el gasto y se produce la disposición presupuestaria, o de forma inmediata posterior.

 

Los controles de idoneidad presupuestaria, de legalidad y sobre todo de razonabilidad son básicos. La Intervención del Estado y del resto de administraciones deben jugar un papel mucho más importante, especialmente en las administraciones locales,  y sobre todo en las pequeñas, donde en aras de una autonomía local más amplia los políticos corruptos han acabado con la profesionalidad de muchos secretarios e interventores locales, que solo son contratados si se pliegan a los caprichos y a sus intereses.

Los Tribunales de Cuentas no disponen de medios para hacer frente al trabajo de control, que se dilata en el tiempo y sus recomendaciones caen en saco roto y parece que a nadie importan. Los responsables autonómicos de estos Tribunales o Cámaras no deberían tener ninguna vinculación política, como ocurre, lo que les resta buena parte de legitimación, desde mi punto de vista, cuando esto se produce, salvo que se dediquen a un mero control contable.

 

b)      Segundo Nivel. Investigación permanente.

 

En base a criterios de riesgo basados en la información obtenida en el primer nivel y también en las bases de datos de los órganos tributarios y de control del blanqueo de capitales, se debería investigar a aquellas Administraciones con claros indicios de irregularidades y a las personas que adoptan las decisiones que concretan esos riesgos. Analizar su nivel de vida,  si es acorde con sus ingresos y las altas posibilidades de disponer de fuentes de ingresos desconocidas. Las declaraciones de renta o patrimonio presentadas demagógicamente ante los parlamentos, sin perjuicio de la buena fe del 99% de nuestros políticos, no sirve para nada en su 100%, ya que si de lo que se trata es de descubrir irregularidades estas nunca van a estar allí, por la utilización de testaferros y paraísos fiscales que ocultan los ingresos reales. Esta investigación no existe en nuestro país. Si alguien te dice lo contrario miente. Los casos que se descubren nunca tienen su origen en una investigación sistemática en función de criterios de riesgo. Suelen ser denuncias de particulares e incluso de compañeros de partido.

 

c)       Tercer Nivel. Investigación judicial.

 

Aquí viene lo bueno. Es  fundamental que los jueces y fiscales cuenten con auxilio cualificado y de todos los medios disponibles cuando se trata de investigar estos delitos, una vez que ya se han judicializado. Esta investigación debe ser rápida y dar al ciudadano con ello la sensación de eficacia, en un delito que supone el mayor atentado a la credibilidad del sistema, y más en momentos de crisis en los que al ciudadano se le piden esfuerzos por culpas que no le son imputables. No es por ello de recibo que sus representantes políticos no se les aplique la eficacia judicial con todo rigor. Debe contar con expertos en materias jurídicas, económicas y tributarias que puedan trabajar con independencia y no sometidos al poder indirecto de los mismos que son investigados.

 

Por ello, la clave de todo el sistema que apunto debe ser el órgano encargado de llevarlo a cabo. Este órgano en la actualidad no existe, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene en nuestro país la lucha contra la corrupción política.


Debería crearse una OFICINA NACIONAL DEL FRAUDE, organismo de investigación especializado en este tipo de delitos que realizara las funciones que apunto en su nivel segundo y tercero. Investigadores  que de forma permanente analizaran la información disponible de los presuntos casos de corrupción, presentaran las evidencias a fiscalía y posteriormente prestaran su auxilio a los jueces instructores de las diligencias penales.


Apunto las características que en mi opinión debería tener este organismo:


a)      Independiente. Debería depender del Parlamento y constituirse con el apoyo de las 2/3 partes de sus votos, buscando el máximo respaldo en las personas que lo dirijan, que no deberían ser removidas, salvo causa grave, en periodos superiores a la rotación del propio Parlamento. A él debería rendir cuentas.


b)      Profesional. Compuesto por profesionales expertos en materias jurídicas, policiales, de investigación económica y tributaria, conocedores de las técnicas de investigación. Dispondrían de un estatuto específico que asegure su permanencia en las investigaciones evitando los inconvenientes actuales de las políticas de personal en forma de traslados, restructuraciones o ceses que ponen en entredicho las investigaciones.


c)       Integrador. Debería integrar toda la información disponible en las bases de datos de las administraciones tributarias y policiales, así como también de los organismos de inteligencia contra el blanqueo de capitales. Debe considerarse un órgano a disposición de los distintos juzgados que investiguen delitos de corrupción política y por tanto con estructura suficiente en cada Tribunal Superior de Justicia.

 

Con esto termino. No os canso más. Si habéis llegado hasta aquí enhorabuena. Como premio a vuestro esfuerzo imaginaros que esto funciona. Que se lucha de forma eficaz y que somos capaces de descubrir a una parte significativa de nuestros mil políticos corruptos. ¿Os lo imagináis? Pensad por un momento que son tan eficaces que llegan a descubrir al 50% de todos ellos.

¿Está este país preparado para sentar en los  tribunales a 500 políticos  por casos de corrupción? ¿Pensáis que de verdad interesa a alguien que esto ocurra? ¿Sería el fin del sistema y de la credibilidad en nuestros políticos por más que sean un porcentaje ínfimo de todos ellos?


Como os he comentado al principio yo sí creo que al 99% de políticos honrados les interesa luchar de forma eficaz contra aquellos que caen en la tentación de entrar en el piso de arriba. ¿ o no?

 

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Published by raulburillo.over-blog.es
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Comentarios

vaya 08/03/2012 12:19

Creo que la cifra de 400.000 políticos está calculada a "ojo de buen cubero", y la realidad es mucho más modesta. En todo caso es el propio sistema quien debía ser el más interesado en expulsar sus
manzanas podridas.
Lo malo en nuestra sociedad es que muchas de nuestras conductas infractoras son corregibles por nosotros mismos y no lo hacemos. ¿Quién no ha conducido un poco alegre? ¿O se ha saltado el límite de
velocidad?
El problema está en nuestra concepción de la moral que contrasta con la de los países anglosajones. Allí se piensa que quien engaña a su mujer puede hacerlo al país. Aquí se distingue entre la
esfera de la moral (privada) y la responsabilidad política, y así vamos. Mientras no se interiorice el comportamiento público y sigamos prefiriendo pagar sin IVA, o defraudar a Hacienda... siempre
que no nos pillen y además considerarnos más listos, no hay nada que hacer.

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