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10 junio 2013 1 10 /06 /junio /2013 20:27

corrupcion10Totalmente alejado de lo que normalmente suelo publicar aporto  en esta ocasión una propuesta de adopción de medidas relativas a la lucha contra el fraude fiscal que nacen desde la buena fe,  mi experiencia,   mis ideas al respecto y de lo mucho y bueno que han publicado brillantes compañeros.

 

Se ofrece a todos aquellos a los que le pueda interesar algo de lo que aquí se contiene.

 

 

 Para realizar una labor eficaz que permita luchar contra el fraude fiscal y todas las actividades que  junto a este suponen actos de corrupción política, se proponen una serie de medidas con un doble carácter: organizativo y normativo.

 

Se separan por tanto conceptos diferentes como son el de la eficacia, la eficiencia y el adecuado dimensionamiento de los órganos de gestión tributaria y lucha contra el fraude, que deben ser profesionales e independientes, y el de la política tributaria, que corresponderá a sus titulares constitucionales según el reparto de competencias  que, obligatoriamente  debe de regresar a la senda constitucional de los principios que la conforman presididos por la  generalidad, igualdad y progresividad del Sistema Tributario, actualmente abandonados, tanto en los tributos que los integran como en su aplicación.

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:

 

1ª Se propone la creación de una Agencia Consorcial Tributaria Cogestionada, en la que se puedan integrar las competencias  en esta materia del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estará abierta también a Convenios de Colaboración con las Corporaciones Locales. De esta forma una sola Agencia Tributaria gestionada por un Consejo Mixto en el que participarán el Estado y Comunidades Autónomas será la competente para una aplicación justa, eficaz, eficiente y profesional de la gestión e inspección tributaria, al margen de posibles intromisiones políticas. Se simplificará la multiplicidad de administraciones tributarias, creando sinergias y sustituyendo la insuficiente coordinación actual entre ellas por una integración profesional. Se evitará la compartimentación de la información actual que supone una ventaja para los defraudadores.

 

Se pretende disponer de una Agencia única en red, prestadora universal de servicios tributarios y referencia para todos los ciudadanos que deseen colaborar en la lucha contra el fraude fiscal


2ª Elaboración de un Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, como no existe en más de 20 años de existencia,  que asegure su profesionalidad y garantice los criterios técnicos y no políticos en nombramientos, ceses y asignación de recursos. Debe salvaguardar su independencia, estabilidad, fuentes de financiación y régimen jurídico. La nueva Agencia Tributaria estará al servicio de la política tributaria del Gobierno que defina las normas tributarias pero se aplicarán con independencia al servicio de todas las Administraciones que lo integren. El Presidente de la AEAT será nombrado por el Parlamento.

3ª Elaboración de un Documento Estratégico de Planificación Quinquenal para la Agencia Tributaria que asegure su Misión y Planificación Estratégica profesional y técnica con un periodo de vigencia superior a los periodos de legislatura y que vaya más allá de las necesidades políticas de quienes ocupen el gobierno.


4ª La integración de las administraciones tributarias estatal y autonómica en un solo Ente cogestionado no supone que los ingresos obtenidos en los distintos territorios y conceptos tributarios no correspondan a su titular. Se separa la idea de gestión administrativa y lucha contra el fraude, que será única e igual en todo el territorio, del reparto de la recaudación obtenida de acuerdo con la Ley de Financiación Autonómica.


Todo el personal funcionario de las actuales Administraciones Tributarias Autonómicas se integraría en la nueva Agencia Tributaria, mejorando la capacidad de recursos personales de todas y cada una de ellas. Se suprimirá de esta manera contrataciones personales  y vestigios de gestión privada recaudadora en Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


Incremento de medios materiales y personales de lucha contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria española se encuentra en uno de los últimos lugares de disponibilidad de medios personales en relación a sus vecinos europeos.

 

Desde que se creó la Agencia Tributaria en el año 1992, esta posee el mismo número de empleados públicos mientras ha aumentado el número de contribuyentes a los que inspeccionar. En el año 2009 el número de ciudadanos por cada empleado de la Administración Tributaria era de 697 en los Países Bajos, 729 en Alemania, 860 en Francia, 862 en el Reino Unido y de 1.928 en España. Además en términos de gasto como porcentaje del PIB, España aplica en la lucha contra el fraude un tercio de lo que Francia y menos de la mitad que Alemania. Siendo en estos países la economía sumergida mucho menor que en España al dedicar un mayor gasto en su erradicación. En los últimos años el presupuesto de la Agencia Tributaria española se ha reducido en un 12%, asimismo se ha reducido de forma efectiva el numero de medios humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal, paralizándose la oferta de empleo público en 2012.

El Artículo 31 de la Constitución española, en su punto 1 dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Para combatir el fraude fiscal hay que dotar a la Agencia Tributaria de más medios humanos, de mayores medios materiales y presupuestarios, así como realizar profundos cambios normativos.

Incrementando el personal de la Agencia Tributaria hasta equipararlo a la media de los países que integran la Unión Europea.

Dotando a la Agencia Tributaria de un mayor presupuesto, recuperando como mínimo el perdido durante estos últimos años.


Creación del Cuerpo Superior Técnico (A1). De él formarán parte los actuales Técnicos de Hacienda y los Cuerpos Técnicos Autonómicos correspondientes, siempre que los funcionarios cumplan los requisitos académicos necesarios. Los actuales Cuerpos quedarán en situación a extinguir.


Modificación de las asignaciones competenciales internas que limitan la eficacia de las actuaciones de control. La creación del Cuerpo Superior Técnico aumentará las competencias de esta Cuerpo. Se incrementarán las competencias coordinadoras y la responsabilidad del Cuerpo Superior  de Inspección de Hacienda, reforzando su control sobre la gestión integral e inspección de los sectores, grupos y  contribuyentes con mayores riesgos de fraude, rompiendo la tradicional separación entre gestión, recaudación e inspección tributaria.


Gestión administrativa gerencial basada en Modelos Europeos de Calidad (EFQM) que tengan como prioridad al ciudadano y su servicio, apostando por la mejora de la atención al público y su valoración como un valor de excelencia en la gestión pública, recortando plazos de devoluciones, de resolución de recursos o de levante aduanero de mercancías.


10ª Integración de la Gestión e Inspección Catastral en la Agencia Tributaria, así como de los recursos materiales y humanos actuales, mejorando la utilización conjunta de la información necesaria para la gestión de impuestos estatales y autonómicos y buscando la unificación de criterios valorativos.


11ª Creación de Unidades Especializadas verdaderamente potentes y dimensionadas que luchen con eficacia contra las planificaciones fiscales abusivas internacionales, paraísos fiscales y utilización indebida de Convenios Internacionales.


12ª Creación de una Policía Fiscal, similar a la existente en otros países, con competencias de policía judicial y especializada en el descubrimiento de tramas de fraude, economía sumergida, delitos fiscales, insolvencias punibles y signos externos de riqueza cuando no se ajustan a niveles de ingresos.

 

13ª Implementación y desarrollo de medidas de colaboración ciudadana contra el fraude fiscal que puedan llegar incluso a los premios económicos por la información valiosa.


14ª Reforzamiento de los Tribunales Económico Administrativo, que permitan una justicia más rápida y eficaz, asegurando para ello unos plazo medios de resolución inferiores al año. Se impondrán tasas similares a las judiciales cuando se estime que las reclamaciones se han presentado de forma dilatoria y sin fundamentación suficiente.


15ª Especialización de Tribunales de Justicia,  jueces y fiscales en el ámbito tributario.


16ª Reforzar la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales mediante la coordinación nacional e internacional:

 

-creación de una base de datos europea.

-coordinación de todos los organismos e instituciones que investigan este tipo de delitos, incluyendo a los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.

-incrementar la colaboración del sistema financiero y fedatarios públicos para reducir la opacidad de determinadas operaciones, así como el manejo abusivo de efectivos en metálico de alta denominación.

 

 

MEDIDAS NORMATIVAS.

 

Reforma del Sistema Tributario, especialmente los impuestos personales como son el IRPF y el Impuesto de Sociedades, terminado con las injusticias tributarias que se han consolidado estos últimos años:

 

a) El Impuesto de Sociedades, debería partir de una base imponible tributaria y no contable, adaptada a criterios reales de imputación temporal de beneficios; simplificación del impuesto suprimiendo los regímenes privilegiados y los beneficios fiscales sectoriales e injustificados, así como los ajustes de base imponible que anticipen pérdidas o depreciaciones en las carteras de valores o inmobiliarias. Se pretende con estas reformas el aumento del tipo efectivo de tributación de las grandes empresas, garantizando en todo caso una tributación basada en unos porcentajes que deberán ser de cumplimiento real; no se permitirá la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores más allá de un plazo razonable que no debería ser superior a los cinco o 10 años en función de las circunstancias. Los tipos de tributación se ajustarán con una tarifa progresiva en función del importe de la base imponible a partir de un determinado nivel de beneficios y con un límite máximo que no tiene por qué ser superior al 30 %. Los tipos efectivos de tributación de la pequeña empresa serán mínimos y partirán de un 10 %.

El peso del Impuesto de Sociedades debe suponer como mínimo el 20% del total de ingresos tributarios líquidos y no como ahora que representa un porcentaje muy inferior.

 

b)     En el Impuesto de las Personas Físicas no tributarán con tipos superiores las rentas del trabajo a las del capital mobiliario y la especulación de todo tipo, especialmente mobiliaria e inmobiliaria. La rentas de nominadas del ahorro  tributarán, cuando se obtengan por encima de determinados importes, con tipos progresivos, evitando que los “rentistas” lo hagan con tipos inferiores a los aplicables a las rentas del trabajo, como ocurre actualmente, suprimiendo su tributación privilegiada, que en buena medida ha generado la “burbuja” inmobiliaria. Se debe suprimir la mayoría de deducciones y reducciones en la base imponible, como las que afectan a los rendimientos de capital inmobiliario y las de compra de vivienda para adquisiciones superiores a determinados importes. A cambio se reducirán los tipos aplicables a rentas inferiores a 100.000 euros, siendo aplicable en la franja entre 50.000 y 100.000  el 35 % y por debajo de 30.000 euros hasta 18.000 el 10 %. Por debajo de este importe, salvo por aplicación de mínimos personales, solo pagarán un 1% a efectos de control de retenciones. Por tanto estarán exentos de tributación los llamados “mileuristas”. Ello supone una importantísima rebaja del impuesto a las clases medias que deberá compensarse con otros impuestos y con la mayor tributación de las rentas hoy llamadas del ahorro.


c) Revisión del sistema de tributación objetiva (módulos) en IRPF para aquellas actividades en las que el destinatario final de los servicios o bienes no sea consumidor final. Solo tributarán en este régimen cuando los destinatarios de las operaciones sujetas al sistema de tributación objetiva sean particulares o  no empresarios.


d) Establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas, especialmente las llamadas “multinacionales”, que actualmente evitan su tributación en España con planificaciones fiscales internacionales agresivas y precios de transferencia. Ello debería suponer la  tributación efectiva de las actividades económicas realizadas en España y que en estos momentos es burlada con operaciones de diseño fiscal de dudosa legalidad y de ámbito internacional, para desviar a territorios de tributación favorable los beneficios obtenidos en España con la interposición de empresas matrices o filiales. Creación de una base imponible consolidada común que evite precios de transferencia.


e) Recuperación de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones exclusivamente para patrimonios elevados, con exenciones que afecten a las clases medias pero que graven las grandes fortunas. No se eximirán de tributación a los sujetos obligados ninguna categoría de bienes por encima de esa exención general, sirviendo además como censo que permita el control de incrementos de patrimonios no declarados. Se convertirán, por tanto, en Impuestos sobre la Riqueza que recuperen la justicia distributiva perdida en el Sistema Tributario español. Se gravará especialmente la tenencia de bienes inmuebles de  titularidad  de personas jurídicas  no ocupados efectivamente y un gravamen adicional a los bienes suntuarios de gran lujo, como grandes yates, fincas, jets, sea quien sea el titular jurídico siempre que esté a disposición del declarante. Estos impuestos no se cederá su capacidad normativa a las Comunidades Autónomas para evitar las “guerras” a la baja en su regulación, sin perjuicio de que sí se ceda su recaudación o cualquier otro aspecto.


f) Adopción de medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en  los denominados paraísos fiscales o territorios de baja tributación, privándolas de su efecto fiduciario y/o la creación de un gravamen para operaciones con origen y destino en los mismos, con su participación directa  o indirecta en España. Ello supone gravar con un impuesto específico la participación de fondos provenientes de paraísos fiscales en sociedades españolas o el reparto de beneficios con destino a los mismos. Si no se puede acabar con los Paraísos Fiscales las operaciones realizadas con entidades allí radicadas se gravarán.


g) Creación de un impuesto a las transacciones financieras que penalice la especulación y compense la nula tributación indirecta de este tipo de operaciones.  No supondrá su repercusión a los pequeños ahorradores no especulativos y recaerá por tanto en la especulación y en las entidades financieras. Se podrán gravar los traspasos de fondos por encima de un mínimo exento y las operaciones de compra de valores por encima también de un importe anual. En este sentido se apoyará la creación de este impuesto de acuerdo con los trabajos realizados por la UE.
Creación de  dos nuevos impuestos sobre el sector financiero, uno gravaría el pasivo del endeudamiento financiero y el otro sería sobre los bonus de los directivos.

 

 

h) Creación de ecotasas medioambientales basadas en un sistema de Kilómetros de carbono y una ecotasa turística de ámbito general, bien por habitación o por apartamento y no por persona, que sirva para controlar, a su vez, el alojamiento vacacional y la oferta extra hotelera ilegal.

 

i) Rebaja de los tipos de IVA general y reducido y conversión del impuesto en minorista sobre el consumidor en los supuestos de sectores donde se ha generalizado el fraude por medio de la inversión del sujeto pasivo. Se debe luchar contra el fraude intracomunitario y la erradicación de facturas falsas que suponen la pérdida de más de 15.000 millones al año. Limitar las devoluciones de cuotas IVA a los ingresos realizados en situaciones de tramas o fraudulentas. Se trata de evitar situaciones creadas artificialmente no solo para no ingresar sino para obtener devoluciones indebidas. Trasladar productos de primera necesidad a su consideración de súper reducidos. Estudio de creación de Impuesto Especiales o elevar el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre determinados tipos de adquisiciones suntuarias como podría ser la adquisición de inmuebles por encima de determinado valor.

 

j) Supresión de Regímenes Fiscales que supongan ventajas fiscales no generales o de las que se favorecen utilizando con facilidad medios fraudulentos. Acabar con regímenes fiscales favorables para privilegiados como las SICAV y asignar, en todo caso,  su control a la AEAT

 

Simplificación de trámites y agilidad electrónica en las actuaciones gestoras, creando unidades de apoyo a los emprendedores que permitan agilizar y simplificar procedimientos, acabando con una burocratización excesiva.


 

Reforzamiento de los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude, especialmente la denuncia pública, que podría ser retribuida cuando esta se demostrara eficaz.


Aumento de las sanciones tributarias para las situaciones más graves de incumplimiento tributario.

 

5ª Modificación del Código penal regulando el delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales.


Publicidad a los incumplidores tributarios con sanción firme administrativa y de aquellos otros contribuyentes sobre los que  las autoridades administrativas o judiciales hayan comunicado la existencia de bienes en territorios calificados de paraíso fiscal en el momento en el que adquirieron los mismos. Se hará pública la identidad de aquellos contribuyentes que mantienen cuentas en países de baja tributación o paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos.

 

 

7ª Obligación de informar y de vincular  los resultados de lucha contra el fraude a la reducción  de los impuestos sobre las clases medias en la misma medida que se hayan obtenido resultados positivos, especialmente en el IVA o resto de impuestos indirectos que gravan el consumo de todos los ciudadanos, con especial predilección por los tipos reducidos de productos básicos.


8ª Compromiso de que en caso de subir impuestos por encima de lo dispuesto en programas electorales solo se podrá realizar mediante aprobación en referéndum.

 

Reforzamiento de los procedimientos administrativos tributarios de inspección y recaudación dirigidos a los incumplidores y defraudadores más cualificados, reforzando los medios de actuación por parte de la Administración. Se ampliarán los plazos actuales de inspección y se facilitarán las actuaciones de registro,  entrada y adopción de medidas cautelares. Se distinguirá por tanto los procedimientos empleados a los contribuyentes cumplidores de los incumplidores.

10ª Incremento de medios materiales y personales de lucha contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria española se encuentra en uno de los últimos lugares de disponibilidad de medios personales en relación a sus vecinos europeos.

 

Desde que se creó la Agencia Tributaria en el año 1992, esta posee el mismo número de empleados públicos mientras ha aumentado el número de contribuyentes a los que inspeccionar. En el año 2009 el número de ciudadanos por cada empleado de la Administración Tributaria era de 697 en los Países Bajos, 729 en Alemania, 860 en Francia, 862 en el Reino Unido y de 1.928 en España. Además en términos de gasto como porcentaje del PIB, España aplica en la lucha contra el fraude un tercio de lo que Francia y menos de la mitad que Alemania. Siendo en estos países la economía sumergida mucho menor que en España al dedicar un mayor gasto en su erradicación. En los últimos años el presupuesto de la Agencia Tributaria española se ha reducido en un 12%, asimismo se ha reducido de forma efectiva el numero de medios humanos destinados a la lucha contra el fraude fiscal, paralizándose la oferta de empleo público en 2012.

 

El Artículo 31 de la Constitución española, en su punto 1 dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Para combatir el fraude fiscal hay que dotar a la Agencia Tributaria de más medios humanos, de mayores medios materiales y presupuestarios, así como realizar profundos cambios normativos.

 

Incrementando el personal de la Agencia Tributaria hasta equipararlo a la media de los países que integran la Unión Europea.

Dotando a la Agencia Tributaria de un mayor presupuesto, recuperando como mínimo el perdido durante estos últimos años.

 

11ª Incorporando al Artículo 31 de la Constitución española la prohibición absoluta de otorgar amnistías fiscales.


12ª Revisión de Concordato y cualquier norma tributaria que suponga trato diferenciado a la Iglesia Católica.


13ª Defensa de una posición activa solicitando la armonización de la fiscalidad en la Unión Europea mediante la Unión Fiscal.


14ª Política activa solicitando a la UE la supresión de los billetes de 500 y 200 euros.


15º Modificación del Código penal para regular el delito fiscal como delito antecedente del delito de Blanqueo de Capitales. 

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