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19 abril 2011 2 19 /04 /abril /2011 23:35

Para los atenienses del siglo IV a.c. democracia y profesionalismo en cuestiones políticas no eran compatibles. Los políticos a pesar de la dificultad que se supone al arte del gobierno no deben ser profesionales de la política. Deben ser simples aficionados.

Hoy en día leer las líneas anteriores no nos produce hilaridad; más bien lo contrario, nos parece un valor compartido  veinticinco siglos después.

La democracia consistía - en la cuna de la misma- en dejar los poderes decisivos de la “polis” en manos de aficionados. Así , sin más.  La presunción era que si intervenían profesionales terminarían dominando la situación, por lo que los magistrados para ganarse el favor del pueblo solían alegar “su falta de experiencia” para excusar sus errores. Incluso oradores y políticos de la dimensión de Demóstenes  se solían presentar  ante el pueblo  como “personas  corrientes”. De esta forma el pueblo sabía que el político estaba de paso en la política.

A Platón estas ideas no le gustaban. El, como bien sabemos, no era un ardiente defensor de la democracia. En el Protágoras, Platón pone en boca de Sócrates y del mismo Protágoras la siguiente paradoja: Sócrates expresa su sorpresa ante la Asamblea  por el hecho de que esta se comportara de manera diferente cuando se discutía de algo tan importante como el gobierno de la ciudad o bien cuando se hablaba de la construcción de barcos o edificios. En este último caso se convocaban a la misma a los grandes constructores o carpinteros de barcos para que dieran su docta opinión. Si alguien intervenía  en la discusión sin la suficiente capacidad técnica era objeto de mofa y solía ser abucheado. Curiosamente ocurría todo lo contrario cuando se hablaba del gobierno de la ciudad, tema mucho más importante que la construcción de un barco. En esta ocasión todos podían intervenir: herreros, zapateros, marineros, ricos y pobres discutían sin que nadie reprochara la falta de conocimiento. ¿Cómo podía ser esto posible?

Protágoras recurre al mito: Zeus dotó de virtud política a todos los hombres, a diferencia del conocimiento técnico que solo reservó para algunos de ellos. Este es el principio de isegoria: en lo que afecta al gobierno cualquier ciudadano está lo suficientemente capacitado para que al menos su opinión merezca ser escuchada.

¿Verdaderamente hoy en día nos parece correcto que la política sea una cuestión de aficionados? Posiblemente cualquier ciudadano actual matizaría esta afirmación aunque la tendencia es asumir como principio compartido que el buen político sea un ciudadano corriente. Pero, ¿presumiría hoy el político -“ciudadano corriente” - de su desconocimiento de los temas de gobierno?  Más bien no, presumiría de lo contrario. Dicho esto, ¿es posible ser un “ciudadano corriente” y tener un buen conocimiento de las cuestiones de gobierno dada su complejidad? Tampoco. La paradoja está servida. El político sigue presumiendo de su amateurismo pero la mayoría se dedican de forma profesional a ello y es en esta habitualidad de su ejercicio en la que basan su conocimiento y experiencia en el gobierno.

¿A qué se dedica un político?, ¿Qué es un político? La respuesta no debería ser la misma en la Antigua Atenas que en el momento actual. La política es el arte de gobernar. Gobernar es el arte de tomar decisiones en nombre de otros, provocando en estos el menor rechazo posible, en la medida que estas decisiones les afectan fundamentalmente a ellos y no a quienes las adoptan. El político, en consecuencia, es el que se dedica a ello; esto es, quien adopta decisiones que afectan a otros generalmente más inteligentes que él. De ahí el calificativo de “arte”. ….y no seré yo quien califique ese arte de engaño en beneficio propio, porque ya lo han hecho otros antes que yo.

Volviendo al tema que nos ocupa, cuando he dicho que la respuesta a las preguntas que planteaba no debería ser la misma en la Grecia Clásica que en el momento actual me refería  principalmente a  la extensión de la acción de gobierno. No es lo mismo tomar decisiones que afectan en ámbitos reducidos de la vida de las personas que cuando se hace, como en la actualidad, sobre amplísimas cuestiones que afectan a la vida civil, social, económica y política de las personas.

El Estado del Bienestar es un Estado complejo, poliedrico, con múltiples facetas interrelacionadas en un mundo globalizado. Ser político es saber adoptar las decisiones más convenientes dentro de un entorno hostil y competitivo para lo que es necesario conocer normas complejas y técnicas de gestión de organizaciones cada vez más grandes y sobre dimensionadas, que son las que verdaderamente rigen la vida de los ciudadanos actuales. En este ambiente de complejidad y de dominio de las técnicas de gestión de organizaciones es en la que se desenvuelve un profesional específico: el burócrata.

¿Sustituirá el burócrata al político? No cabe duda que su saber especializado lo sitúa en una posición de privilegio frente al político aficionado. Ello nos obligaría a sustituir el viejo aforismo griego del político como un ciudadano corriente por el de un ciudadano especializado y preparado en la gestión de las organizaciones políticas que al fin y al cabo conforman lo que conocemos por la Administración. Parece lógico sustituir a meros aficionados por expertos en las artes de la Gestión Pública. Un gestión compleja necesita de profesionales preparados.

¿Ocurrirá así? ¿El político se dejará arrebatar su puesto por el técnico? ¿Podrá hacer frente a la lógica que impone una gestión moderna de la política ya no basada en ideas sino en organizaciones que intervienen en la vida de los ciudadanos?

Seguiremos con este emocionante asunto.

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 23:06

El sistema electoral, el tamaño del distrito y la habitual abstención balear condicionan los resultados, el gobierno y la composición de la Cámara  desde el inicio de las primeras elecciones autonómicas.

Sin duda, y de forma general, si el sistema electoral repartiera escaños no por islas, como siempre se ha hecho, sino por distritos más pequeños –distritos electorales en el interior de cada isla-, los partidos políticos que aprovechan su situación parlamentaria en una posición numérica denominada “bisagra” no existirían.

La ley D´Hont se convierte en un sistema de reparto mayoritario en distritos pequeños y al revés en los grandes. Ello quiere decir que en Mallorca, con un distrito “gigante” de 33 escaños, a un cinco por ciento de votos le corresponde un cinco por ciento de escaños, es decir tres. Lo suficiente para “gobernar” en la sombra….es decir, ejercer como “bisagra”.  

Reducir la importancia de  partidos políticos como los mencionados y de las situaciones que pueden provocar, nada democráticas para la lógica parlamentaria a pesar de lo que pueda parecer (y si no que se lo pregunten a los británicos que inventaron el parlamentarismo sobre cual es su sistema electoral), ha estado desde el principio de la democracia en manos de sus señorías si los dos partidos con mayor representación hubieran querido; para ello solo era necesario cambiar la ley electoral. Pero no lo han hecho; no lo han hecho porque siempre a alguno de los dos partidos mayoritarios  le ha interesado mantener el status quo en función de sus intereses locales. Siempre ha resultado conveniente "introducir " en la escena política un partido minoritario de la misma ideología que el mayoritario rival. Además, las pocas veces que lo han intentado, y en Mallorca hay un claro ejemplo, no han acertado en la forma de hacerlo. No se consigue limitando la participación parlamentaria a aquellos grupos que obtengan menos del 5% de los votos, sino convirtiendo los grandes distritos de reparto mayoritario – la isla de Mallorca reparte 33 escaños- en otros más pequeños que no repartan más de 6 cada uno.

 Cuando digo que no es buena esta situación para la democracia pensemos si nos parece correcto que  un partido político de intereses concretos de una isla (no de todas), o bien de manera más extrema, pero no absurda, que el partido político de  un barrio de Palma, o el de un gremio profesional - lo cual, y todo ello, con tan pocos votos necesarios para conseguirlo (menos de 30.000) no sería tan extraño que ocurriera-, controlara las decisiones de todos los demás ciudadanos no representados en intereses tan particulares.

 

Dicho todo lo anterior, es conocido por todos que el electorado balear y especialmente mallorquín es esencialmente conservador, y que por ello “jamás” tendrá mayoría absoluta una opción de izquierdas por si sola, por lo que para que esta pueda ganar unas elecciones, o lo que es más fácil, para obtener una mayoría parlamentaria (no confundir), necesita un partido de derechas que "robe " votos de derechas y que se coaligue con él (con la izquierda). Estos partidos políticos existen gracias a ese inconfesable interés y a una financiación peculiar.

Sin duda esta es la explicación del hecho de que siempre que ha gobernado el PSOE en Baleares lo haya hecho coaligado con UM. De otra forma, posiblemente, jamás  habría ocurrido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.

Por ello, los casos de corrupción en este tipo de partidos bisagra pueden llegar a ser una pesadilla para los grandes partidos nodriza, precursores de estos auténticos submarinos infiltrados en el enemigo, por lo que sin duda harán todo lo posible para frenar las consecuencias de las investigaciones que les afecten.

 

Ahora la ocasión se  plantea muy interesante en Mallorca ante la mas que posible desaparición del pequeño partido que ha venido realizando esta labor comentada; un nuevo partido de las mismas características ideológicas y con la misma función en las matemáticas parlamentarias aparece en el horizonte El nuevo partido estaría dispuesto a "recibir" de nuevo votos "reales" de derecha, dar una nueva imagen,  y en definitiva, poner los nuevos escaños que pueda obtener al servicio del partido “grande” interesado en su crecimiento. Esta nueva fuerza nunca pactará con el PP, ya lo verán. Si lo hace se la “comerán”.

El PP solo gobernará si obtiene mayoría absoluta; de no ser así no lo hará. Los estrategas del PP, es decir, los que piensan, no los lideres que aparentemente toman las decisiones, sino los que las toman de verdad, ya lo vieron; por ello cuando el PP obtuvo mayoría absoluta  dejaron gobernar al pequeño partido el Consell de Mallorca, "gratuitamente", con mentalidad de futuro, pensando en ganarse la gratitud del partido de centro liberal para cuando ellos no tuvieran esa mayoría. Desde luego se vieron traicionados, pero era obvio. En cuanto perdió la mayoría absoluta, aunque lo fuera por mil votos, fue abandonado. No hubo agradecimiento. Ningún pequeño partido de derechas regionalista puede –ni debe- pactar con el PP ya que es su sentencia de muerte. Desaparecerán engullidos por el gigante de la derecha.

Por ello, el diagnóstico es obvio: la aparición de nuevos partidos de derecha o –centro derecha para los que así se lo crean- solo beneficia al gran partido de izquierda  -lo de izquierda también para el que se lo crea-.

 

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29 marzo 2011 2 29 /03 /marzo /2011 22:55

JUEZ Y PARTE

 Hablaba en mi último artículo del “poder dividido”. Con ello hacía referencia a la cada vez más clara intromisión del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, hasta tal punto de recordar al filósofo británico Locke.  Para él  no existía separación entre poderes judicial y ejecutivo: estábamos ante un solo poder con dos facetas diferentes en su ejercicio.

  

Durante el siglo XX el ejercicio democrático del poder se ha reinventado en un nuevo “formato”. Es tan nuevo y diferente a la idea clásica de democracia que podemos poner en duda si estamos verdaderamente ante un sistema real de participación activa y pasiva en el poder político por parte de los ciudadanos. Me refiero a la capacidad cierta, no solo de elegir a los que nos gobiernan, sino también a la de participar en el mismo gobierno. El nuevo “formato” o envoltorio democrático es la partitocracia, o lo que es lo mismo, el poder en manos de los partidos políticos. Para esta forma de poder, nada hay de democrático fuera de los partidos políticos: no existe representación popular sin partidos, no hay posibilidades de gobierno si no es mediante la participación en partidos políticos. Nada fuera del partido; el partido es la forma “natural” de participación democrática de los ciudadanos en el poder. Pero… ¿Quién controla a los partidos? ¿Quién elige a sus candidatos? ¿Quién los financia? Estas preguntas no creo que tengan una respuesta lo suficientemente clara más allá de lo que puedan disponer las normas legales que lo regulan en un ejercicio más de voluntarismo político alejado de la realidad.

  

El partido político que llega al poder – y también al que no le corresponde en ese momento- controla a sus afiliados, se encuentren estos donde se encuentren, ocupen el cargo que ocupen,  sean diputados, alcaldes, ministros o presidentes. La cuestión está en que la voluntad del partido político se impone o superpone a las divisiones tradicionales de poderes. Nadie duda  de que el poder legislativo y el ejecutivo responden de forma conjunta a la estrategia de poder del partido político. Las antiguas divisiones - poder legislativo y ejecutivo-  sirven principalmente como legitimación de continuidad; también lo son para articular formas de gobierno comprensibles a la luz de nuestra tradición democrática decimonónica pero en ningún caso porque sean útiles para los fines para las que fueron creadas. Una ley podría ser aprobada por un partido político con mayoría absoluta en su  propia sede, negociando allí mismo tanto con los "lobbys" de presión como con la oposición, si le interesara hacerlo, pero solo para aquellos temas que considere conveniente. El trámite “democrático” de acudir al Parlamento es tan innecesario como legitimador.

 

Pero no solo el poder legislativo es poder normativo, sino que también es poder de control y especialmente sobre el ejecutivo. Mociones de censura o cuestiones de confianza, reprobaciones o preguntas parlamentarias han dejado de tener sentido real más allá de los números de diputados que ocupan cada partido, solo alterado por las emociones que aportan los tránsfugas corruptos, que son precisamente la horma del zapato del sistema partitocrático.

 

Dicho esto, ¿tienen los partidos políticos interés en controlar decisiones concretas del poder judicial? Sin duda. Decisiones sobre normas administrativas, legales o constitucionales pueden tener una gran transcendencia en la agenda política: Juzgados de lo Contencioso, Tribunales Superiores o Constitucionales adoptan decisiones de gran calado político que pueden afectar a la permanencia en el poder de los partidos políticos responsables de las mismas. Si esto es tan claro que nadie lo puede dudar, como mínimo la misma importancia  tienen para un partido político las decisiones judiciales del ámbito penal sobre delitos relacionados con la corrupción política. Se pone en duda con estos delitos el compromiso público y democrático de aquellas personas “elegidas” por los ciudadanos para defender los intereses públicos, por lo que a la larga podría a llegar, en situaciones extremas, a deslegitimar el propio sistema democrático basado en partidos políticos.

 

¿Cómo pueden influir los partidos políticos en las decisiones judiciales concretas? Centrándome en los supuestos de decisiones judiciales basadas en la corrupción política las posibilidades están claramente basadas, en primer lugar, en la relación partido político-poder ejecutivo, y como consecuencia de lo anterior, en la tradicional intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, cuyos resortes de dominación siguen existiendo con la misma intensidad sino mayor.

 

Por supuesto no se basan en decisiones o ambiciones individuales de las personas concretas que en ese momento pueden ocupar el juzgado o Tribunal y que tiene que tomar decisiones en los temas que comentamos. No se basa en el deseo de agradar al poder político o bienen el  de obtener favores personales a cambio de decisiones favorables a intereses diferentes a los que debe proteger la norma. Todo lo contrario. Afortunadamente en su 99% nadie puede dudar de la profesionalidad e independencia de jueces y fiscales; por ello el sistema de “intromisión” debe basarse en fórmulas más claras de control que la simple voluntad de sus agentes.

 

No es difícil; un juez instruye en estos asuntos en función de lo que se investigue. Pero él, de forma natural, no es quien investiga. Investigan otros y en función de lo que estos otros investiguen habrá más o menos “independencia judicial”. Un juez instruye en buena medida en función de lo que le pongan encima de la mesa. Una vez que se lo hayan puesto, con su mayor o menor implicación persona, adoptará las decisiones más justas posibles. No lo debemos dudar. Pero si nadie investiga el asunto en cuestión…no hay instrucción posible.

  

¿Quién investiga entonces? No cabe duda de quién lo hace. Fiscales, policía y peritos o auxilio judicial se han convertido en los investigadores habituales en los casos de corrupción. ¿Tienen estas instancias posibilidad de ver alteradas sus investigaciones por decisiones políticas instrumentadas por el poder ejecutivo? Sin duda. No me cabe ni la más mínima duda que un partido político en el poder puede alterar las investigaciones judiciales actuando sobre los órganos administrativos o judiciales encargados del impulso de la investigación en función de sus intereses.

 

El especial estatuto de fiscales y policía judicial no puede ocultar el encuadramiento gubernamental de ambos. Ministerio de justicia , Fiscal general del Estado y Ministerio del Interior tienen mucho que ver con el éxito o fracaso de determinadas investigaciones. Ni que decir tiene que otros órganos también vinculados a las investigaciones y con cada vez mayor fuerza están en manos del poder gubernamental. Inspectores de Hacienda como peritos judiciales o auxilio judicial, por poner el ejemplo más claro, están sometidos a decisiones al margen de los interese concretos de la investigación: traslados forzosos, asignación de otras tareas administrativas y todo tipo de argumentos  que pueden servir de excusa para apartar a quien no interese de las investigaciones.

 

Si leeis la prensa de estos días esta es la guerra encubierta que se está librando. ¿Te habías percatado?

 

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6 marzo 2011 7 06 /03 /marzo /2011 21:28

Poderes divididos.

 

A todos nos viene a la memoria la figura de Chales-Louis de Secondat, más conocido entre nosotros como Barón de Montesquieu, cuando queremos hablar de la importancia que tiene para la democracia la división de poderes. No cabe entender nuestro sistema de gobierno democrático sin cumplir con una de las bases sobre la que se creó: separar el poder del gobierno ejecutivo de aquel otro que dicta las leyes y sobre todo del que dirime los conflictos en su aplicación. Esta es sin duda la más importante de las garantías que cualquier sistema democrático que se precie debe poner a disposición de los ciudadanos y  con  se articula la“prueba del algodón” para  gobiernos de dudosa implicación en la causa de la justicia igual para todos.

  

Es un lugar de encuentro, por tanto, citar a nuestro querido Montesquieu a la hora de recriminar cualquier atisbo de intromisión de uno de estos poderes, normalmente el ejecutivo, en cualquiera de los otros dos,habitualmente el judicial. Suele olvidarse, o no interesa en la misma medida, recordar cuál era la argumentación completa del filósofo francés.

 

Montesquieu era conocedor de que un número limitado de personas “poseen grandes fortunas y por tanto poca moderación” y que por ello el “bien público podía ser sacrificado en beneficio del objetivo privado de un centenar”. La división de poderes supondría un freno a la codicia desmedida de unos pocos además de asegurar la compatibilidad del ejercicio de las libertades “republicanas” a los ciudadanos. Pero sobre todo, y esto es importante, preservaría al mismo tiempo la suficiente competencia política y legal como para resistir a la corrupción interna y a los enemigos internos ("aquellos que actúan con la misma ambición que las grandes fortunas pero ocupando los sillones del poder"). El mensaje era claro: ante el poder económico de unos pocos y el poder político de los corruptos “internos” Montesquieu proponía un sistema de gobierno basado en la articulación separada de poderes, de tal forma que cada uno de ellos sirviera de contrapeso y vigilancia de los otros dos.

 

Trescientos años más tarde parecen existir los mismos problemas. La ambición desmedida de unos pocos propietarios de “grandes fortunas” convive con la de los “corrutos internos” a los que se refería el Barón. ¿Y la división de poderes? ¿Existe?, ¿Es el freno a esta ambición desmedida de unos y otros? Creo que a pocos les queda alguna duda de que la división de poderes tal y como la concebían los autores clásicos de la teoría democrática no existe en la práctica, al menos tal y como está diseñada en los textos legales y constitucionales mucho más cercanos a la ortodoxia “clásica”.

 

La democracia directa que aseguraba la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos de las polis griegas, de las repúblicas italianas y de los condados británicos, tanto  electores como elegidos (el sorteo de cargos públicos entre los más preparados formaba parte de la esencia de la democracia para los dos primeros), se ha transformado en otra cosa. Los partidos políticos y su irrupción a finales del siglo XIX en el escenario del gobierno democrático han variado las reglas del juego, no suprimiéndolas pero si reinterpretándolas

.

Los partidos políticos son desde hace más de un siglo el canal –realmente el único efectivo- de participación de los ciudadanos en el sistema democrático. Esto es así para algunos; para otros es justamente lo contrario, es el muro de contención que evita la participación real de los ciudadanos en la política. El efecto que han producido los partidos políticos en la división de poderes no debería dejar a nadie indiferente. Desde la dirección del partido que gobierna se decide la política ejecutiva, la política legislativa y los nombramientos en órganos jurisdiccionales. Desde la dirección de los partidos que no gobiernan se aspira a hacer lo mismo que el que gobierna.

 

Los mecanismos para “imponer” sus decisiones eran desconocidos hasta entonces: la disciplina de voto de los partidos anula la prohibición del mandato imperativo, la inexistencia real de consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de las promesas electorales deja las manos libres a los partidos del compromiso con los electores, las listas cerradas, el desembarco de afiliados- sin más mérito conocido que la militancia- en las estructuras profesionales administrativas, superponiendo la de los partidos a las propias de las Administraciones, está acabando con el conocimiento técnico profesional y esto especialmente en los órganos de las Administraciones territoriales menores a la del Estado, donde los cuerpos profesionales aún resisten, actuando de contrapoder,…en definitiva mecanismos que aseguran que por encima de la división de poderes siempre se impondrá el criterio del partido

.

¿Y el poder judicial? ¿Es suficiente el control de este poder con el nombramiento de algunos Magistrados en las Cortes Supremas o Superiores por otros poderes también controlados por los partidos? Este es uno de los temas más controvertidos y de mayor interés actualmente. Si recordábamos a Montesquieu y a sus tres poderes divididos, interesante resultaría recordar a alguien que fue su fuente de inspiración y el verdadero precursor de la teoría de la división de poderes, John Locke, padre del liberalismo inglés y mucho más olvidado  que el francés cuando se trata de citar fuentes eruditas, especialmente cuando queremos referirnos a dicha teoría. La explicación es sencilla; para Locke la división se producía entre dos poderes: el ejecutivo y el legislativo. ¿Y el judicial? Estaba dentro del ejecutivo. Para él era obvio que el poder judicial, la aplicación contradictoria de las normas, era también poder ejecutivo.

 

 Para buena parte de los que nos gobiernan y nos gobernarán, el gran problema sigue siendo el control del poder judicial ante unos jueces y  fiscales profesionales e independientes al 99%. Determinar cuáles son los mecanismos de los que dispone el poder ejecutivo para controlar a un poder judicial sospechoso de ser el único que forme parte de un poder unitario más amplio, que está dividido formalmente, y que corre el verdadero riesgo de “ir por libre” es el gran reto.

 

Y esa es la historia en la que nos encontramos en este momento. La judicialización de la vida política esconde la politización judicial y el deseo político de ahogar la independencia judicial con su descrédito......

 

Pero esto forma parte ya de otra entrada en la que continuaremos.

 

 

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